Mientras el oficialismo busca aprobar la ley antes de fin de año, sindicatos y oposición organizan resistencia en el Congreso, la calle y los tribunales.
El Gobierno nacional y la CGT se encaminan a un choque frontal que promete extenderse más allá del recinto parlamentario. La Casa Rosada quiere sancionar la ley de “Modernización Laboral” antes del 30 de diciembre, mientras que el sindicalismo ya anticipa que, de avanzar, el conflicto se trasladará directamente a la Justicia.
El presidente Javier Milei fijó prioridades claras: el Presupuesto 2026 puede esperar, pero la reforma del régimen laboral no. Tras los intentos fallidos con la Ley Bases y el DNU 70/23, ahora el oficialismo apuesta todo a un trámite exprés en el Congreso, incluso en un calendario ajustado por feriados y sesiones extraordinarias.
Una reforma que el Gobierno evita llamar reforma
En la narrativa oficial no hay lugar para eufemismos incómodos. Milei insiste en hablar de “modernización” y rechaza de plano el término “flexibilización”, aunque el alcance del proyecto incluye salarios, indemnizaciones, licencias, jornadas laborales y el funcionamiento de la Justicia del Trabajo.
El proyecto ingresó por el Senado, donde La Libertad Avanza cree tener mejores condiciones políticas para avanzar rápido. La estrategia contempla limitar los debates en comisión, asegurar los votos necesarios y llevar el dictamen al recinto en cuestión de días.
Bullrich, el Senado y la presión interna
La senadora Patricia Bullrich será una pieza central del operativo político. Desde el oficialismo aseguran que su rol será garantizar velocidad y disciplina, incluso presionando a la vicepresidente Victoria Villarruel para evitar demoras en el tratamiento legislativo.
En paralelo, el peronismo, el kirchnerismo y la CGT comenzaron a coordinar acciones conjuntas. La ausencia de Gerardo Martínez (UOCRA) en el Consejo de Mayo fue leída como una señal clara: el sindicalismo ya no apuesta solo al diálogo.
Tensiones dentro del propio oficialismo
La reforma también expuso diferencias en el corazón del Gobierno. El ala más negociadora logró excluir del proyecto la eliminación de la cuota solidaria sindical, un punto que hubiera significado un golpe directo a las finanzas gremiales.
Karina Milei, Santiago Caputo y el entorno político más pragmático evitaron una ruptura total con la CGT, mientras que Federico Sturzenegger y Bullrich sostuvieron una línea más dura, manteniendo restricciones que dificultan el flujo de aportes sindicales.
La calle y los tribunales como escenarios paralelos
La CGT convocó a una movilización para el jueves 18 frente al Congreso y Plaza de Mayo, con apoyo de las CTA, el kirchnerismo y la izquierda. El Gobierno, consciente del impacto político, busca evitar enfrentamientos y abrir un canal de diálogo con los organizadores.
Pero el conflicto no termina ahí. La judicialización ya está en marcha. El diputado Esteban Paulón denunció ante la Justicia federal que el proyecto incluye contenidos tributarios que no correspondería tratar en el Senado.
A esto se sumó un duro pronunciamiento de la Asociación de Magistrados, que advirtió que los cambios propuestos podrían “disolver el fuero laboral” y afectar la independencia judicial.
Un final abierto, entre votos y fallos
El oficialismo apuesta a lograr dictamen esta misma semana y sancionar la ley antes del cierre de las extraordinarias. Si no lo consigue, evalúa extender el debate a enero o llevarlo a las sesiones ordinarias de marzo.
El escenario es claro: si la reforma avanza, la disputa continuará en los tribunales. Milei lo sabe y aun así avanza. Para el Presidente, el futuro de su programa económico depende de esta ley. Para la CGT, está en juego el corazón del modelo laboral argentino.
El desenlace, como admiten incluso en la Casa Rosada, no dependerá solo del Congreso, sino también de los jueces.
