Un periodista fue detenido mientras cubría una protesta por el agua y el hecho expuso una grave vulneración a la libertad de prensa.

La escena ocurrió en pleno centro de Mendoza y dejó una marca difícil de borrar. Bautista Franco salió a contar una historia sobre el agua, una causa profundamente arraigada en la memoria colectiva provincial, y terminó reducido, gaseado y esposado. No fue un exceso aislado: fue una señal de alarma para la libertad de prensa.

Aquella noche de jueves, el “ruidazo” convocado por asambleas ciudadanas volvió a poner en la calle una consigna que atraviesa generaciones: la 7722 no se toca. Vecinos, familias y militantes ambientales se manifestaban contra el proyecto minero San Jorge. Entre ellos estaba Franco, periodista, cámara en mano, haciendo su trabajo.

La oscuridad no llegó con la madrugada, sino con la represión.
Sin mediar provocación ni delito alguno, la policía provincial avanzó sobre los manifestantes y también sobre los trabajadores de prensa. El reclamo social fue respondido con gas, golpes y detenciones.

“Me gasearon y me golpearon”, contó Bautista tras recuperar la libertad. Su testimonio no es solo personal: es el reflejo de un límite que se cruzó. Informar no puede ser motivo de arresto en democracia.

Según relató el propio periodista, en el medio la otra verdad y entrevistado por Patricio Civit él y otros colegas se identificaron claramente como prensa. La credencial no alcanzó. Fue esposado, subido a un móvil policial y trasladado a la Comisaría 3ª, junto a asambleístas y hasta una familia entera que participaba de la protesta.

La intervención del fiscal Fernando Giunta terminó de encender las alertas. Lejos de descomprimir la situación, avaló un procedimiento que organizaciones como FOPEA calificaron rápidamente como “arbitrario y preocupante”, reclamando la liberación inmediata del comunicador.

El silencio que también lastima

Mientras la denuncia circulaba con fuerza en redes sociales y medios alternativos, el mutismo de buena parte de las redacciones tradicionales resultó ensordecedor. En localidades del Valle de Uco, históricamente movilizadas por la defensa del agua, el tema pasó casi inadvertido.

La detención de un periodista del interior —Franco trabaja en San Rafael— no es un problema ajeno ni lejano. Es un mensaje que busca disciplinar a quienes incomodan al poder y a quienes documentan los conflictos que otros prefieren ocultar.

Si se normaliza que un periodista termine en una comisaría por cubrir una protesta, el derecho a la información queda en jaque.
¿Quién contará lo que pase mañana si informar tiene un costo penal?

Libertad recuperada, herida abierta

Bautista Franco fue liberado, pero el episodio está lejos de cerrarse. La causa judicial continúa y el efecto intimidatorio ya dejó su huella. El miedo también es una forma de censura.

Sin embargo, la reacción social mostró que Mendoza no olvida ni se resigna. Organismos de Derechos Humanos, colegas y ciudadanos entendieron que defender el agua y defender la libertad de expresión es la misma pelea.

Contar lo que pasó no es una opción: es una obligación.
Porque cuando detienen a un periodista por informar, no atacan solo a un trabajador de prensa: atacan el derecho de toda la sociedad a saber.