La iniciativa oficial busca redefinir el alcance de la norma vigente y reabrir el debate sobre ambiente, desarrollo productivo y federalismo.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares, en el marco de las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 30 de diciembre. La propuesta, presentada como una reorganización del esquema legal actual, generó una rápida reacción de organizaciones ambientalistas que advierten sobre posibles consecuencias para el acceso al agua y la preservación de reservas estratégicas.
UN CAMBIO DE ENFOQUE EN LA POLÍTICA AMBIENTAL
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la iniciativa apunta a ordenar el marco normativo, evitar interpretaciones dispares y avanzar hacia lo que definen como un “federalismo ambiental efectivo”. En un comunicado oficial, el Gobierno cuestionó la aplicación de la ley vigente y aseguró que produjo inseguridad jurídica, freno a inversiones productivas y tensiones con las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
EL ARGUMENTO CENTRAL DEL OFICIALISMO
Para la administración nacional, la reforma se inscribe en una estrategia más amplia de transformación del Estado. El texto oficial afirma que el proyecto representa “un paso decisivo para el crecimiento económico, con reglas claras y respeto a la Constitución”, en línea con los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y con el rumbo político impulsado por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión.
QUÉ CAMBIOS PLANTEA LA PROPUESTA
El proyecto propone redefinir criterios de protección, enfocándose en los glaciares que cumplen funciones hídricas esenciales. Según el Ejecutivo, se busca reforzar estándares ambientales, eliminar márgenes de discrecionalidad y compatibilizar la preservación del ambiente con el desarrollo productivo.
La iniciativa reafirma el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano sin impedir el desarrollo humano, y el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. En ese marco, se plantea fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental y mejorar la articulación con el Inventario Nacional de Glaciares.
LA LEY VIGENTE Y SU ALCANCE ACTUAL
La actual Ley de Glaciares establece la protección integral de glaciares y ambientes periglaciales, considerados bienes públicos estratégicos para el abastecimiento de agua. Entre sus disposiciones, prohíbe actividades como la minería y la exploración hidrocarburífera en estas zonas y crea un registro nacional para su identificación y monitoreo.
ALERTA AMBIENTALISTA Y CRÍTICAS AL PROYECTO
La reforma encendió alertas en organizaciones ambientales. El colectivo Jóvenes por el Clima advirtió que modificar la ley podría poner en riesgo el acceso al agua potable de millones de personas y debilitar la regulación hídrica de cuencas completas.
Según datos difundidos por la organización, la Argentina cuenta con 16.968 glaciares, que ocupan 8.484 kilómetros cuadrados y alimentan 36 cuencas hídricas, de las cuales depende cerca del 18% de la población. Además, remarcan que se trata de la segunda reserva de agua dulce más importante de América Latina.
