Negociaciones clave con gobernadores para destrabar apoyos en el Congreso.
Diego Santilli encabeza una ronda de encuentros en las provincias para destrabar el tratamiento del proyecto de Modernización Laboral, mientras los mandatarios provinciales endurecen sus reclamos por el impacto fiscal de la iniciativa.
El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa de negociaciones políticas con los gobernadores para avanzar con la reforma de Modernización Laboral, un proyecto clave para la Casa Rosada que permanece desde hace semanas en el Senado a la espera de los votos necesarios para su tratamiento.
El ministro del Interior, Diego Santilli, retomó las recorridas provinciales con el objetivo de construir consensos y garantizar el quórum en la Cámara alta, en una estrategia similar a la desplegada durante las negociaciones por el Presupuesto 2026.
Desde el oficialismo reconocen que el dictamen “está abierto” y que será necesario introducir cambios para lograr el respaldo de las provincias.
PROVINCIAS EN ALERTA POR EL CAPÍTULO IMPOSITIVO
Uno de los principales puntos de tensión entre la Nación y los gobernadores se concentra en el capítulo impositivo de la reforma laboral, especialmente en los artículos vinculados al impuesto a las Ganancias y la reducción de cargas tributarias para empresas.
Varios mandatarios advirtieron que las modificaciones propuestas podrían afectar la recaudación coparticipable, lo que impactaría de manera directa en las finanzas provinciales y municipales.
“Si la baja impositiva no se compensa de alguna manera, va a ser difícil acompañar”, deslizó un referente provincial al tanto de las negociaciones.
CHUBUT, CHACO Y MENDOZA, LAS PRIMERAS PARADAS
La primera reunión de Santilli tuvo lugar en Chubut, donde se encontró con el gobernador Ignacio Torres en el marco de la emergencia por los incendios forestales. Si bien hubo gestos de cooperación entre Nación y provincia, el respaldo a la reforma laboral quedó sujeto a futuras definiciones.
La agenda del ministro continuará en Chaco y Mendoza, dos distritos considerados estratégicos para el oficialismo. En ambos casos, el acompañamiento legislativo aparece condicionado a la respuesta del Gobierno nacional frente a los reclamos locales.
El Ejecutivo necesita alcanzar al menos 37 senadores para habilitar la sesión y avanzar con el debate en el recinto.
UNA NEGOCIACIÓN CON FINAL ABIERTO
El oficialismo apuesta a cerrar acuerdos con al menos diez provincias para asegurar los votos necesarios y sostener la iniciativa en el Congreso. Sin embargo, el escenario sigue abierto y la reforma laboral se convirtió en una prueba clave del vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores.
En ese contexto, el avance del proyecto dependerá de la capacidad del Gobierno para ceder, negociar y equilibrar su agenda de reformas con las demandas fiscales de las provincias, en un Senado donde cada voto será determinante.
