La Corte analiza si restablece límites a la compra de tierras por extranjeros.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó para este viernes a las 9 una reunión extraordinaria para avanzar en un expediente vinculado con la Ley de Tierras Rurales. El planteo busca determinar si corresponde dictar una medida cautelar que vuelva a poner en vigencia, de manera provisoria, las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros.
La discusión judicial vuelve a poner en primer plano una cuestión sensible: cuáles son los límites para la compra de tierras rurales en argentina y qué herramientas legales pueden proteger el territorio y sus recursos.
El encuentro fue convocado por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y contará con la participación de los tres jueces de la Corte: Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. También intervendrán los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, incorporados ante la falta de acuerdo entre los integrantes titulares.
QUÉ RECLAMAN LAS ORGANIZACIONES DEMANDANTES
El expediente se originó en una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes cuestionan la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras.
A diferencia de otro proceso impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), este reclamo invoca argumentos vinculados con la protección ambiental y los derechos territoriales de comunidades indígenas.
El expediente plantea una discusión que no se limita a la propiedad privada: también incorpora el impacto ambiental y los derechos de las comunidades sobre territorios ancestrales.
Los demandantes buscan que el tribunal determine cómo debe continuar el trámite y si corresponde conceder la cautelar solicitada. Entre las alternativas se encuentra resolver el planteo directamente o remitirlo a una instancia judicial inferior.
EL ANTECEDENTE QUE REAVIVÓ LA CONTROVERSIA
El nuevo movimiento judicial se produce después de que la Corte revocara una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras. En aquella oportunidad, el tribunal consideró que el CECIM no tenía legitimación para impulsar esa demanda. La decisión fue de carácter procesal y no resolvió de manera definitiva la constitucionalidad de la derogación.
El fallo generó cuestionamientos políticos y reactivó el debate sobre el alcance del decreto presidencial. La Corte aclaró posteriormente que su decisión no impedía que otros demandantes solicitaran medidas cautelares sobre el mismo asunto.
La resolución anterior no cerró el debate de fondo: dejó abierto el camino para que otros actores recurrieran a la Justicia y solicitaran una revisión de los efectos del decreto.
LOS PLAZOS Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS CONJUECES
Para acelerar el trámite, el tribunal redujo de 72 a 24 horas el plazo habitual para consentir o impugnar la integración de los conjueces. Además, habilitó días y horas inhábiles, una decisión que refleja la urgencia con la que se busca avanzar en el expediente.
La incorporación de estos magistrados apunta a permitir que la Corte avance ante la falta de consenso entre sus integrantes. Sin embargo, la convocatoria extraordinaria no implica que la medida cautelar ya haya sido concedida.
El calendario judicial adquirió un papel central en la disputa: la rapidez del procedimiento puede resultar decisiva para definir cuándo y cómo se tratará el pedido.
QUÉ PUEDE CAMBIAR CON UNA CAUTELAR
Si la Corte hace lugar al planteo, las restricciones previstas por la Ley 26.737 podrían volver a regir de forma provisoria, mientras continúa la discusión judicial. Si rechaza la medida o dispone que el expediente siga su trámite en otra instancia, el conflicto continuará por las vías procesales correspondientes.
Por ahora, no existe una nueva cautelar concedida ni una decisión definitiva sobre la validez constitucional de la derogación. El resultado de la reunión será clave para establecer los próximos pasos de una controversia que involucra propiedad rural, ambiente y derechos territoriales.
La decisión que se adopte no necesariamente resolverá toda la controversia, pero sí puede definir el escenario jurídico inmediato para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
