El Congreso debatirá la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la oposición busca interpelar al jefe de Gabinete.
Redacción Periodismo Parlamentario ✍️ Diario Digital CM24HORAS.
El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó este lunes un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de iniciar una moción de censura. La iniciativa surge tras la decisión del Ejecutivo de suspender la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso pero postergada hasta la asignación de partidas presupuestarias específicas.
El proyecto lleva la firma de referentes opositores como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, y detalla causales consideradas graves: la nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025, el incumplimiento de leyes vigentes, la violación de la división de poderes y la falta de asignación adecuada de fondos. Cada punto deberá ser debatido y votado por separado en el recinto.
Qué es la moción de censura
La moción de censura es un mecanismo constitucional incorporado en la Reforma de 1994 (artículo 101 de la Constitución). Permite al Congreso interpelar y eventualmente remover a un funcionario del Poder Ejecutivo mediante un proceso de dos etapas: primero, la aprobación de la interpelación con mayoría absoluta en alguna de las cámaras; y luego, una nueva votación que puede derivar en la remoción del funcionario cuestionado.
A diferencia de los sistemas parlamentarios, en Argentina este mecanismo no afecta la responsabilidad política del Presidente ni la del jefe de Gabinete. Su efecto se limita a la eventual sustitución del funcionario, ya sea por decisión presidencial o, en casos extremos, por juicio político.
La ley suspendida y el impacto social
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido vetada por el Gobierno en agosto, aunque el Congreso logró revertir esa decisión con el apoyo de dos tercios de los legisladores. Sin embargo, el Ejecutivo informó este lunes que su aplicación queda suspendida “para garantizar coherencia con el Presupuesto 2026 y la planificación financiera nacional”.
Según la Casa Rosada, la postergación busca definir fuentes de financiamiento antes de poner en marcha las medidas previstas. “Es en el marco de la aprobación del Presupuesto donde se debate cómo afrontar los gastos que demanda cada política pública”, sostuvieron voceros oficiales.
Fondos reasignados, dudas abiertas
En paralelo, la Decisión Administrativa 24/2025 reasignó más de 121 mil millones de pesos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para actualizar pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas, mediante recortes a otras partidas del Tesoro.
Pese a este refuerzo, la oposición advierte que la suspensión de la ley obstaculiza derechos fundamentales y refleja un conflicto de prioridades entre la planificación financiera y la protección de los sectores más vulnerables.
