Caputo defiende la baja de impuestos y tensa la pulseada con las provincias.

En medio de un escenario político cargado de tensión, el ministro de Economía, Luis Caputo, envió un mensaje directo y sin matices a los gobernadores que reclaman por el impacto fiscal de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. El eje del conflicto vuelve a ser la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas, una medida que las provincias consideran una amenaza para sus ingresos futuros.

“La Argentina tiene que bajar impuestos. El modelo viejo no sirve”, sentenció Caputo, al marcar con claridad la posición del Ejecutivo frente a los cuestionamientos de los mandatarios provinciales.

El funcionario salió al cruce de las advertencias sobre una supuesta pérdida millonaria de recursos coparticipables y relativizó los números que circulan en las provincias.

Ganancias, el punto más caliente del debate

Caputo explicó que la reducción del impuesto a las sociedades prevista en la reforma laboral comenzaría a impactar recién en 2027 y no en el corto plazo, como sostienen los gobernadores. Según sus cálculos, la incidencia fiscal sería de $1,5 billones, muy por debajo de los $3 billones que denuncian las provincias.

“Ellos dicen que les va a costar $3 billones, pero en realidad cuesta la mitad”, afirmó el ministro en declaraciones radiales.

Desde la óptica del Gobierno, la baja de impuestos es una condición indispensable para atraer inversiones y mejorar la competitividad de la economía argentina.

Un cambio de modelo que divide aguas

El titular del Palacio de Hacienda fue más allá y planteó una discusión de fondo sobre el rumbo económico del país.

“El modelo de salarios miserables en dólares, tipo de cambio alto e ineficiencia escondida no sirve. Para crecer, el país tiene que bajar impuestos”, sostuvo Caputo, dejando en claro que no habrá marcha atrás en este punto.

Estas declaraciones endurecieron aún más el clima de negociación en la previa del debate legislativo.

Los gobernadores se organizan y buscan compensaciones

Mientras el oficialismo intenta cerrar acuerdos en el Congreso, los gobernadores avanzan en una estrategia conjunta. En los próximos días mantendrán una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el foco puesto en cómo compensar la eventual pérdida de recaudación si la reforma laboral es aprobada.

El principal foco de preocupación es el artículo 190 del proyecto, que propone reducir la alícuota del impuesto a las sociedades: del 30% al 27% en un tramo, y del 35% al 31,5% en otro.

Según estimaciones de la AEFIP, el costo fiscal para las provincias ascendería a $3,18 billones, una cifra que el Gobierno rechaza de plano.

Negociación abierta y final incierto

Frente a este escenario, los mandatarios provinciales buscan incorporar al proyecto de ley un mecanismo de compensación automática y equitativa para todas las provincias, como condición para garantizar su apoyo en el Congreso.

Con las posiciones aún enfrentadas, la reforma laboral avanza en un delicado equilibrio entre la necesidad de votos, la presión fiscal de las provincias y la decisión del Gobierno de sostener su plan económico sin concesiones de fondo.