El decomiso supera los $684 mil millones e incluye propiedades de la familia Kirchner, Lázaro Báez y sociedades utilizadas en la maniobra de obra pública en Santa Cruz.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 dispuso el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado de $684.990.350.139,86 en el marco de la condena por administración fraudulenta contra el Estado en la denominada Causa Vialidad. La decisión, firmada el 18 de noviembre de 2025, alcanza a Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia, al empresario Lázaro Antonio Báez, a exfuncionarios y a sociedades vinculadas a la maniobra delictiva.
La sentencia que confirmó la responsabilidad penal de los condenados había fijado inicialmente un decomiso de $84.835 millones, cifra que fue actualizada por peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.
Actualización récord y bienes involucrados
Ante la falta de cumplimiento por parte de los condenados para cubrir el monto actualizado, el tribunal ordenó avanzar con la tasación y ejecución de todos los bienes comprendidos en el fallo. Entre ellos se encuentran propiedades pertenecientes a:
- Austral Construcciones SA
- Kank y Costilla SA
- Gotti Hnos. SA
- Loscalzo y Del Curto SRL
También incluye inmuebles cedidos a Máximo y Florencia Kirchner y bienes de exfuncionarios como Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, en caso de resultar necesario para completar el monto fijado.
Todos los bienes deberán ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Decomisados.
Fundamentos del tribunal
El fallo sostiene que quedó acreditado el beneficio económico directo e indirecto que recibieron Báez y la familia Kirchner mediante la adjudicación irregular de contratos de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El decomiso alcanza bienes que constituyan instrumentos, efectos o provecho del delito, aunque estén en manos de terceros, salvo que éstos acrediten haberlos adquirido de buena fe y a título oneroso. También pueden ser incluidos bienes transformados, sustituidos o mezclados con activos de origen lícito, siempre que exista una vinculación razonable con la actividad delictiva.
La resolución cita normativa nacional y tratados internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obligan a los Estados a recuperar activos derivados de delitos contra la administración pública.
Rechazo de las defensas y continuidad del proceso
Las defensas de Cristina Kirchner, Báez y otros condenados pidieron rechazar el decomiso, cuestionando tanto la acreditación del nexo causal entre los bienes y el delito como la inclusión de propiedades adquiridas en otros períodos o ya investigadas en causas previas. El tribunal consideró estos planteos improcedentes a la luz de la sentencia firme.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación será la encargada de definir el destino final de los bienes, en línea con el reglamento vigente. La prioridad, según el tribunal, es la reparación del daño causado al Estado y a la sociedad.
Además, la Fiscalía podrá seguir identificando nuevos bienes susceptibles de decomiso mientras avance la ejecución de la sentencia.
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