Con el Congreso vallado y protestas en la calle, el oficialismo busca avanzar con su primer gran debate legislativo de 2026.
El Senado de la Nación será este miércoles el escenario de un debate clave para el Gobierno nacional. En un contexto de paros parciales, marchas y despliegue de fuerzas federales, la Cámara alta tratará el proyecto de modernización laboral impulsado por el Ejecutivo, una iniciativa que promete cambios estructurales y que ya despierta una fuerte resistencia sindical.
La jornada se presenta como una prueba política central para la administración de Javier Milei, que confía en un escenario parlamentario más favorable tras las elecciones legislativas de octubre de 2025. La eventual aprobación de la reforma significaría un triunfo estratégico para el oficialismo, mientras que su rechazo podría reavivar el conflicto social.
Un proyecto que redefine el esquema laboral
La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo en diciembre introduce modificaciones profundas al régimen vigente, cuya base normativa se remonta a 1974. Entre los puntos más discutidos se encuentra la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema alternativo para el pago de indemnizaciones por despido.
El FAL se financiaría con aportes empresariales equivalentes al 3 % de la masa salarial, en reemplazo de contribuciones a la Seguridad Social, lo que genera preocupación entre sindicatos y especialistas en derecho laboral.
El proyecto también habilita el pago de salarios en moneda extranjera o en especie, amplía la jornada laboral diaria hasta doce horas y establece un sistema de bancos de horas para compensar extras y vacaciones fraccionadas a lo largo del año.
Sindicatos, negociación y derecho a huelga
Otro eje central de la reforma apunta a reducir el peso de los convenios colectivos sectoriales, promoviendo acuerdos individuales entre trabajadores y empleadores. Para las centrales sindicales, esta modificación debilita la capacidad de negociación colectiva y fragmenta la representación laboral.
En paralelo, la iniciativa restringe el derecho de huelga al exigir servicios mínimos de entre el 50 % y el 75 % en actividades consideradas esenciales, un punto que encendió las alarmas en el movimiento obrero.
Cada intento de reforma laboral en las últimas décadas encontró una fuerte resistencia social, y el debate actual no parece ser la excepción.
El oficialismo confía en los votos
Desde el Gobierno aseguran contar con el respaldo necesario para avanzar durante las sesiones extraordinarias de febrero. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, expresó su optimismo en redes sociales al afirmar: “Tenemos una buena cantidad de votos”.
El Ejecutivo apuesta a capitalizar el fortalecimiento de su representación parlamentaria y avanzar con una agenda que considera central para su programa económico.
Paros, marchas y operativo de seguridad
Mientras el Senado debate, la calle será otro escenario clave. La CGT convocó a una movilización frente al Congreso desde las 14:30, con la adhesión de sindicatos de prensa, educación, salud y del sector audiovisual, entre otros. Las protestas también se replicarán en distintas ciudades del país.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte anunció un cese parcial de actividades desde las 13:00 en los sectores aéreo, marítimo, portuario y en el subte porteño. A su vez, la UOM y ATE confirmaron paros y participación en la protesta.
El Gobierno adelantó que aplicará el protocolo antipiquetes y desplegará fuerzas federales para evitar cortes de calles y garantizar la circulación.
El debate por la reforma laboral vuelve a poner en tensión dos modelos de país: uno que impulsa flexibilización y modernización del mercado de trabajo, y otro que defiende el esquema de derechos construido durante décadas. El resultado de la sesión y la respuesta social marcarán el pulso político de las próximas semanas.
