Reforma laboral y ley penal juvenil marcan el eje del debate hasta fin de mes.
El Congreso nacional activó formalmente el período de sesiones extraordinarias este lunes 2 de febrero, en una convocatoria impulsada por el presidente Javier Milei que se extenderá hasta el día 27. El Gobierno busca aprovechar este plazo acotado para empujar una agenda legislativa compleja, marcada por negociaciones intensas y apoyos todavía en construcción.
La estrategia oficial apunta a llegar a marzo con avances concretos en proyectos que el Ejecutivo considera prioritarios para su programa político y económico.
La convocatoria quedó establecida a través del Decreto 24/2026, publicado el 19 de enero en el Boletín Oficial. La norma delimita estrictamente los temas a debatir, impidiendo la incorporación de iniciativas por fuera del temario autorizado y otorgándole al Ejecutivo un mayor control sobre el ritmo y el alcance del debate parlamentario.
📋 Qué proyectos quiere aprobar el Gobierno
Dentro del listado habilitado para extraordinarias se destacan la Ley de Modernización Laboral, la Ley Penal Juvenil, eventuales modificaciones a la Ley de Glaciares, una posible ley de emergencia por incendios forestales en la Patagonia y la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario. También figura el eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, aunque aún no fue enviado formalmente al Congreso.
El oficialismo busca ordenar prioridades y concentrar esfuerzos en los proyectos con mayor impacto político y económico.
La emergencia ígnea para la Patagonia ganó peso en los últimos días, impulsada por gobernadores del sur y con respaldo explícito del PRO, socio parlamentario clave de La Libertad Avanza.
💼 Reforma laboral: el corazón del conflicto
La reforma laboral aparece como el proyecto más ambicioso y, al mismo tiempo, el más resistido del período extraordinario. El principal punto de tensión está en el capítulo impositivo, particularmente en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, una medida que impacta de lleno en los recursos coparticipables de las provincias.
El proyecto propone bajar la alícuota del 30% al 27% para el segundo tramo y del 35% al 31,5% para el tercero. Según estimaciones basadas en el Presupuesto 2026, la caída de recaudación alcanzaría los $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones afectarían a las provincias, con un promedio mensual de $144.000 millones menos por jurisdicción a partir de 2027.
Las provincias condicionan su apoyo a mecanismos de compensación que atenúen la pérdida de recursos.
Mientras Diego Santilli mantiene contactos con gobernadores para sumar respaldos, dentro del propio Gobierno conviven dos posturas: una que busca sostener el texto sin cambios y otra que evalúa ajustes para garantizar la aprobación. El objetivo inmediato es lograr la media sanción, aunque las negociaciones siguen abiertas.
👨⚖️ Ley Penal Juvenil: debate sensible y consensos en duda
Otro eje central es la Ley Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad. La iniciativa original fija el límite en 13 años, aunque el Ejecutivo admite la posibilidad de elevarlo a 14 como gesto para destrabar acuerdos.
El proyecto fue confirmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión de la mesa política, y cuenta con el respaldo explícito de Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado.
El debate reabre una discusión profunda sobre seguridad, derechos y capacidad del sistema penal.
En 2025, un dictamen en Diputados había avanzado con la edad mínima de 14 años, penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas. Sin embargo, desde sectores dialoguistas y del PRO advirtieron sobre la falta de infraestructura y el impacto que tendría una baja mayor en el sistema penitenciario juvenil.
🔍 Negociaciones, presión política y clima de tensión
En la antesala de las extraordinarias, el Gobierno reunió a su mesa política el 29 de enero en Casa Rosada, con la participación de Karina Milei, Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Bullrich y Santiago Caputo, para definir la hoja de ruta legislativa.
Bullrich aseguró que el acuerdo por la reforma laboral “está consolidado”, aunque reconoció reparos puntuales. Desde la oposición, en cambio, creció la presión sobre los gobernadores para frenar el proyecto. El senador Mariano Recalde advirtió que hay al menos 15 votos indecisos en el Senado, mientras la CGT anunció movilizaciones para el día del debate, previsto tentativamente para el 11 de febrero.
El enfrentamiento entre Nación y la provincia de Buenos Aires, tras los cruces entre Axel Kicillof y funcionarios nacionales, elevó el tono político en la previa del debate.
Con un escenario abierto y negociaciones contrarreloj, el Gobierno encara un período de extraordinarias decisivo, donde cada voto contará y el margen para el consenso será clave para definir el futuro de su agenda legislativa.
