La central obrera analiza un plan de acción que podría incluir una marcha masiva mientras crece la tensión con el Gobierno.

La Confederación General del Trabajo (CGT) dio un giro decisivo en su postura frente al Gobierno nacional y convocó de urgencia a su consejo directivo para definir un plan de acción contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo. La propuesta gubernamental apunta a introducir cambios profundos en los mecanismos de contratación, despido, ejercicio del derecho a huelga y funcionamiento sindical.

En el centro del debate aparece la posibilidad de una movilización al Congreso durante el tratamiento legislativo del proyecto, que ingresará por el Senado. El triunvirato cegetista remarcó la necesidad de mostrar cohesión y activar una respuesta política sin llegar, por ahora, a un paro general.

La conducción sindical rechaza no solo el contenido de la reforma, sino la velocidad con la que el oficialismo pretende avanzar, especialmente impulsada por la senadora libertaria Patricia Bullrich. La dirigente busca que el proyecto se debata de inmediato y llegue al recinto antes de fin de año, en un escenario que reaviva tensiones históricas desde su paso por el Ministerio de Trabajo en la época de la Alianza.

El primer gesto de distanciamiento surgió con la ausencia del jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, en la presentación realizada en la Casa Rosada. Desde su entorno recordaron que la CGT ya había marcado objeciones en el Consejo de Mayo y que no acompañaría una iniciativa que considera perjudicial para los trabajadores.

A contrarreloj, la central obrera abrió canales de diálogo con gobernadores y legisladores opositores para intentar frenar el avance legislativo, aunque puertas adentro reconocen que las mayorías parlamentarias podrían favorecer al oficialismo tras las nuevas alianzas selladas por La Libertad Avanza.

El ala más dura de la CGT evalúa un abanico de respuestas, desde presentaciones judiciales —al considerar que la reforma restringe derechos constitucionales— hasta una manifestación callejera, sin descartar otro paro general hacia fin de año. La gestión de Milei ya recibió tres huelgas generales desde que asumió.

En paralelo, especialistas en derecho laboral que asesoran a distintos gremios alertaron sobre el alcance del proyecto. “La reforma es regresiva y no protege al trabajador”, sostuvo uno de los abogados consultados.

También tomó postura Cristian Jerónimo, dirigente del Sindicato del Vidrio y miembro del triunvirato, quien reiteró que la CGT no acompañará una reforma que elimine derechos individuales y colectivos. “La indemnización no es un premio: representa el esfuerzo del trabajador en la productividad de la empresa. El problema del empleo no está en ese punto, sino en la economía”, señaló.

Con un clima sindical cada vez más tenso, la CGT se encamina a una definición inminente que podría derivar en una nueva expresión de fuerza antes del cierre del año legislativo.