Falta de consenso, reclamos fiscales y gestiones de último momento frenaron la cumbre prevista para este miércoles.
La reunión que un grupo de gobernadores tenía previsto mantener este miércoles 4 de febrero al mediodía para fijar una posición común frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional finalmente no se realizó. La suspensión dejó al descubierto tensiones internas, desacuerdos fiscales y una fuerte intervención política desde la Casa Rosada.
El encuentro buscaba coordinar una estrategia para reclamar compensaciones por la reducción del impuesto coparticipable, uno de los puntos que más inquietud genera en las provincias. Sin embargo, la iniciativa comenzó a debilitarse incluso antes de su cancelación formal.
La falta de un acuerdo previo vació de contenido una foto política que nunca llegó a concretarse.
Según fuentes cercanas a las negociaciones, varios mandatarios ya habían anticipado que no participarían del encuentro, al considerar que no estaban dadas las condiciones para una postura común. Entre ellos se destacaron los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quienes rechazaron avanzar en una cumbre sin definiciones claras sobre el esquema de compensaciones fiscales.
Ambos mandatarios coincidieron en que una reunión sin consensos mínimos solo expondría diferencias internas y debilitaría la posición de las provincias frente al Ejecutivo nacional.
Sin números claros ni garantías fiscales, varios gobernadores optaron por bajarse de la convocatoria.
El rol clave de Diego Santilli
A este escenario se sumó una intensa gestión política de último momento. Durante la noche del martes 3 de febrero, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo contactos telefónicos con distintos gobernadores, incluidos dirigentes cercanos al peronismo y al PRO.
El objetivo fue desactivar la reunión antes de que se concretara y evitar una imagen de confrontación directa con el Gobierno, justo cuando la reforma laboral comienza a transitar su debate en el Senado.
La Casa Rosada buscó evitar una postal de unidad provincial en contra del proyecto oficial.
Las gestiones surtieron efecto. Con ausencias confirmadas y sin una postura unificada, la reunión perdió sentido político y fue suspendida sin reprogramación inmediata.
El episodio deja en evidencia las dificultades de los gobernadores para articular una estrategia común, en un contexto donde el Gobierno nacional apuesta al diálogo individual y avanza con su agenda legislativa.
Sin cumbre y sin bloque provincial, la presión sobre la reforma laboral quedó sensiblemente debilitada.
Mientras tanto, el proyecto oficial continúa su camino parlamentario, en un escenario marcado por negociaciones fragmentadas y un equilibrio político aún en disputa.
