El proyecto abre la puerta a actividades económicas en áreas hoy protegidas y divide aguas en el Congreso.
La Cámara de Diputados iniciará este miércoles el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que el Gobierno considera estratégica para dinamizar inversiones en minería e hidrocarburos.
El plenario reunirá a las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales con la intención de ordenar un cronograma de discusión. Aunque el oficialismo aspira a convertir el proyecto en ley antes de fin de mes, en el Congreso admiten que la discusión recién comienza.
La Casa Rosada apuesta a mostrar avances legislativos en el corto plazo para fortalecer su agenda de atracción de capitales.
La hoja de ruta del Ejecutivo
La estrategia oficial contempla acelerar el trámite parlamentario para llegar con señales concretas al evento “Argentina Week 2026”, que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo.
En ese marco, el Gobierno pretende exhibir la media sanción obtenida en el Senado —donde el proyecto fue aprobado con 40 votos a favor y 31 en contra— como un gesto de previsibilidad para inversores internacionales.
Sin embargo, fuentes legislativas no descartan que la firma del dictamen y la votación en el recinto de Diputados puedan extenderse más allá de lo previsto.
Qué cambios propone la reforma
El corazón de la iniciativa apunta a modificar el alcance de la protección vigente sobre las zonas periglaciares.
El proyecto elimina la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciares y habilita su evaluación caso por caso mediante estudios de impacto ambiental.
Entre los puntos centrales:
- Se mantiene la prohibición de explotación en glaciares.
- Se habilita la posibilidad de actividades económicas en zonas periglaciares sin función hídrica comprobada.
- Se otorga mayor poder de decisión a las provincias sobre qué áreas proteger.
- Se crea el Inventario Nacional de Glaciares bajo la órbita del IANIGLA.
El oficialismo sostiene que estos cambios permitirán “ordenar” la normativa y destrabar inversiones hoy frenadas por la legislación vigente.
Resistencias políticas y ambientales
La iniciativa enfrenta una fuerte resistencia de bloques opositores y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre posibles impactos en reservas estratégicas de agua dulce.
Los críticos alertan que la reforma podría debilitar la protección de ecosistemas de alta montaña clave para el equilibrio hídrico y climático.
Desde estos sectores señalan que la normativa actual —vigente desde 2010— protege tanto glaciares como ambientes periglaciares por su rol como reservorios naturales de agua.
Qué son las zonas periglaciares
Las áreas periglaciares son ecosistemas de alta montaña compuestos por suelos congelados, rocas y sedimentos que funcionan como reguladores hídricos.
Con la reforma en debate:
- seguirán prohibidas las actividades que afecten glaciares;
- pero podrían autorizarse proyectos económicos en formaciones periglaciares que no cumplan función hídrica comprobable.
Entre las actividades que continuarían prohibidas en zonas protegidas figuran la minería, la explotación hidrocarburífera, la liberación de contaminantes y grandes obras de infraestructura.
Un debate que recién empieza
Aunque el oficialismo busca acelerar los tiempos, el tratamiento legislativo anticipa una discusión intensa tanto en el Congreso como en el ámbito público.
El avance de la reforma pondrá en tensión dos objetivos centrales de la actual gestión: la atracción de inversiones para el desarrollo productivo y la preservación de recursos naturales considerados estratégicos para el país.
