El proyecto del gobierno provincial busca modernizar el marco normativo mediante la derogación de normativas en desuso.
La Legislatura de Mendoza avanza con el proyecto conocido como «Ley Hojarasca», que propone la derogación de más de 60 leyes consideradas obsoletas y en desuso. Esta iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio impulsado por el presidente Javier Milei, quien en octubre del año pasado envió al Congreso un proyecto similar para eliminar alrededor de 70 leyes catalogadas como «inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades».
La Ley Hojarasca fue aprobada por unanimidad en el Senado y ahora aguarda la votación en Diputados. Su principal objetivo es modernizar el marco normativo provincial, eliminando regulaciones que dificultan la comprensión y aplicación de las leyes actuales. Se espera que esta depuración normativa contribuya a brindar mayor seguridad jurídica tanto a ciudadanos como a inversores y emprendedores.
En esta primera etapa, se han revisado 102 leyes sancionadas hasta 1950, proponiéndose la derogación de 66. Desde el Ejecutivo provincial han aclarado que este es solo el primer paso de un proceso que se extenderá a lo largo de diferentes períodos legislativos, con miras a actualizar el marco normativo hasta la actualidad.
Entre las leyes que se propone derogar se encuentra la Ley N° 1072 de 1933, relacionada con la industria vitivinícola, cuyas regulaciones son vistas como restrictivas para los pequeños productores. También se incluyen normativas que aluden a organismos que ya no existen o regulan actividades que han perdido vigencia, como es el caso de la Ley N° 1.310 sobre el ejercicio profesional de representantes de bodegas.
Además, el proyecto busca eliminar leyes superadas por normativas más modernas. Por ejemplo, se plantea derogar la Ley N° 20, que creó la Dirección General de Rentas y fue reemplazada por la ley que estableció la Administración Tributaria de Mendoza. También se contempla la derogación de la Ley N° 37, que introducía currículas escolares discriminatorias por género, incompatible con el actual marco constitucional y educativo.
Otras normas que quedarían sin efecto incluyen disposiciones sobre planes de urbanización previas a la Ley 8051 y regulaciones sobre fiscalización de semillas —actualmente competencia del ISCAMEN— así como leyes vinculadas a subsidios artísticos y normas laborales específicas.
El trabajo de depuración normativa está siendo llevado a cabo por un equipo integrado por funcionarios legislativos bajo la dirección de Lucas Faure, secretario legislativo del Senado provincial. Este equipo se encarga de identificar las leyes vigentes, analizarlas en detalle y avanzar con iniciativas para su derogación o reforma cuando sea necesario.
La aprobación de esta ley representa un paso significativo hacia una legislación más ágil y comprensible para todos los mendocinos.
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