El Gobierno acelera la auditoría en ANDIS tras detectar posibles irregularidades.

Casa Rosada confirmó que la auditoría interna sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ingresó en su tramo final y que el informe será remitido a la Justicia “antes de que termine el año”. El trabajo, encabezado por el interventor Alberto Vilches, viene siguiendo el rastro de compras, expedientes y contrataciones del organismo, en un contexto de crecientes sospechas por manejos irregulares.

Un informe que se acerca al juzgado de Casanello

Fuentes oficiales aseguraron que los intercambios de documentación con fiscales y equipos judiciales ya están en marcha, y que el reporte definitivo se encuentra “en estado avanzado”. El material será presentado ante el juez Sebastián Casanello, quien instruye la causa que se abrió tras múltiples denuncias por irregularidades en la adquisición de medicamentos y servicios.

Los investigadores designados por Vilches detectaron facturas sin trazabilidad, faltantes en los portales públicos y operaciones que, según remarcan, “no encajan dentro de ningún procedimiento administrativo válido”.

“Hay elementos objetivos que marcan posibles sobreprecios y contrataciones inconsistentes”, admitieron en ámbitos oficiales.

El Gobierno descarta impacto político directo en Casa Rosada

En los despachos de Balcarce 50 sostienen que el avance del caso no implica preocupación para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mencionada de manera tangencial en algunas referencias internas de la causa.

“No está nombrada formalmente, es apenas una inferencia. Queremos que la Justicia avance, y lo está haciendo rápido”, remarcaron voceros del Ejecutivo.

Respecto de las anotaciones encontradas en cuadernos incautados —siglas como KM, SC, ML, PAMI o CZ—, el Gobierno rechaza que respondan a un circuito de retornos y explica que serían marcas utilizadas para cambios internos en el sistema de compras, no referencias a personas.

Próximos pasos: cambios en el sistema y compras directas

Con la auditoría en marcha y un expediente judicial activo, el Gobierno ya evalúa rediseñar todo el esquema de contrataciones de la ANDIS. Según adelantaron, el plan apunta a:

• Comprar directamente a laboratorios, sin intermediación de droguerías.
• Revisar y dar de baja contratos de proveedores actualmente investigados.
• Reordenar procesos administrativos y de trazabilidad para evitar discrecionalidades.

Sin embargo, advierten que la transición “será compleja y prolongada”, tanto por el volumen de prestaciones como por los costos legales y financieros.

Una trama que involucra a droguerías y exfuncionarios

La causa tuvo un giro decisivo con la difusión de audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde menciona supuestos pedidos de coimas. Él y otros funcionarios —entre ellos Daniel Garbellini— están citados a declarar.

Además, la Justicia investiga presunto direccionamiento de compras millonarias hacia al menos cuatro droguerías: Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta, que habrían recibido beneficios de manera sistemática.

El informe final del Gobierno deberá documentar estas operaciones, sus montos y su trazabilidad para incorporarlas al expediente.

La próxima citación será la de Lorena Di Giorno, referente del área de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), convocada para el 28 de noviembre.

El peso del presupuesto en juego

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, la ANDIS administra este año:

• $3,1 billones en prestaciones de seguridad social,
• $556.054 millones en salud,
• $5.300 millones en programas de asistencia.

Se trata de uno de los presupuestos más sensibles del Ejecutivo, un factor que suma presión sobre los resultados de la auditoría.

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