El borrador oficial que reconfigura vacaciones, licencias e indemnizaciones avanza en el Consejo de Mayo en medio de tensiones con la CGT.
El Gobierno trabaja contra reloj para cerrar un proyecto integral de reforma laboral antes de fin de año. Empresarios apoyan la idea de “flexibilizar y ordenar” el mercado laboral, mientras la CGT denuncia que el texto implica un recorte estructural de derechos. Tres capítulos —vacaciones, licencias e indemnizaciones— concentran la pulseada.
Un documento que marca el rumbo de las reformas
CM24HORAS pudo acceder al borrador que prepara el Gobierno Nacional para enviar al Congreso. Aunque aún no tiene firma definitiva, el borrador laboral circula entre cámaras empresarias, técnicos del Poder Ejecutivo y representantes del Consejo de Mayo. Su sola existencia disparó un debate profundo dentro del sindicalismo y en el mundo del empleo formal.
Para el Gobierno, el esquema actual de relaciones laborales está “desactualizado, fragmentado y lleno de zonas grises” que desalientan la contratación formal. El objetivo, aseguran, es fijar reglas más previsibles, especialmente en sectores donde la rotación laboral es alta.
Del otro lado, la CGT interpreta el borrador como “el plan más ambicioso de flexibilización de las últimas décadas”, y advierte que se prepara para enfrentar legislativa y judicialmente cualquier intento de recortar indemnizaciones o alterar la protección ante enfermedades o despidos.
El oficialismo pretende incorporar el texto al paquete de reformas del Consejo de Mayo y enviarlo a sesiones extraordinarias. Esa dinámica apura los tiempos y endurece las posiciones.
1) Vacaciones: un calendario obligatorio, nuevas reglas y mayor control administrativo
La propuesta introduce cambios que buscan estandarizar un sistema hoy definido en gran parte por convenios sectoriales.
Período obligatorio
El borrador establece que las vacaciones deberán otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente.
Esto implica un cambio profundo, especialmente en actividades que históricamente otorgaban períodos fuera de esa ventana.
El Gobierno sostiene que la medida “organiza la planificación interna de las empresas y evita abusos”.
Los gremios, en cambio, consideran que limita márgenes de negociación y podría afectar sectores con picos de actividad estacional.
Aviso previo
El empleador deberá informar con al menos 45 días de anticipación la fecha de inicio del descanso.
Se trata de una ampliación significativa respecto de los plazos que se aplican actualmente.
Fraccionamiento permitido
El proyecto habilita explícitamente a dividir las vacaciones en partes, siempre que cada tramo dure mínimo una semana.
Para el sector empresario, esto “moderniza” la organización del trabajo; para los sindicatos, podría “fragmentar excesivamente el descanso real”.
Garantía mínima de verano
Una de las disposiciones más comentadas es la obligación de garantizar que cada trabajador tenga al menos un período de descanso en temporada estival una vez cada tres años.
La norma apunta a evitar que grandes empresas reserven los turnos de verano para determinados puestos o categorías.
Solapamiento con enfermedad
Cuando el trabajador entre en licencia médica durante las vacaciones, el descanso se interrumpe y deberá reprogramarse, retomando la actividad laboral solo cuando finalice el período previsto o la licencia médica, lo que ocurra último.
2) Licencias por enfermedad: nuevo esquema de pago, digitalización y plazos extendidos
El capítulo de licencias por enfermedad es uno de los más sensibles y, según fuentes sindicales, uno de los que generó “mayor alarma”.
Prestación del 80% del salario neto
El borrador reemplaza el actual sistema por una prestación dineraria no remunerativa equivalente al 80% del salario neto.
El objetivo, según el Ejecutivo, es “simplificar el cálculo y evitar litigios”.
Sin embargo, para la CGT, el recorte del 20% constituye un “desmejoramiento directo”, especialmente en enfermedades prolongadas.
Duración según antigüedad
- Menos de 5 años de antigüedad: 3 meses.
- Más de 5 años: 6 meses.
- Con cargas de familia: la cobertura se extiende a 6 meses y 12 meses, respectivamente.
Este punto introduce un criterio social más amplio, contemplando situaciones familiares, algo que incluso algunos gremios consideran “positivo”.
Certificados médicos con firma digital
Los certificados deberán incluir diagnóstico, tratamiento, reposo y firma digital conforme a ley, y podrán ser emitidos en cualquier punto del país.
Esta medida apunta a combatir certificados apócrifos, una demanda histórica del sector empresario.
Control y suspensiones
Las empresas mantienen el derecho de control médico y se establece un punto clave:
Una suspensión disciplinaria o económica no podrá afectar el cobro de la prestación.
Recidivas
La recidiva de enfermedades crónicas solo se considerará nueva licencia paga si ocurre dos años después de finalizada la licencia anterior por esa misma patología.
3) Indemnizaciones: nueva fórmula, topes salariales y opción de fondo de cese
Este capítulo es, para muchos, el corazón del proyecto.
Nueva fórmula de cálculo
La indemnización se calculará como un mes de sueldo por cada año trabajado, o fracción mayor a tres meses, siempre superado el período de prueba.
Base salarial
La base será la mejor remuneración habitual del último año, excluyendo:
- aguinaldo
- bonus
- pagos anuales o semestrales
Topes
La base no podrá superar el equivalente a tres veces el salario mensual promedio del convenio colectivo aplicable.
El Ministerio de Capital Humano será el encargado de fijar esos topes.
Al mismo tiempo, se incorpora un piso: la base nunca podrá reducirse por debajo del 67% de su cálculo original.
Indemnización mínima
En ningún caso la compensación podrá ser inferior a un mes de sueldo.
Fondos de cese laboral
El borrador habilita a los convenios colectivos a reemplazar la indemnización por un fondo o seguro, siempre financiado por el empleador.
En ese caso, el fondo sustituirá de forma total al sistema actual.
Para los empresarios, esta es una herramienta que podría “reducir la litigiosidad y dar previsibilidad a los costos de desvinculación”.
Para la CGT, representa “el paso previo a la eliminación práctica de la indemnización”.
Lo que viene: un conflicto que promete escalar
El Gobierno quiere cerrar el texto en pocas semanas y enviarlo al Congreso como pieza clave del paquete de reformas del Consejo de Mayo.
Pero el rechazo frontal de la CGT, que no participó de la redacción final del borrador, anticipa un escenario conflictivo.
Los sindicatos ya evalúan marchas, medidas de fuerza y acciones judiciales si la reforma avanza tal como está planteada.
Del lado empresarial, en cambio, prevalece la expectativa: ven en el borrador un paso hacia “un mercado laboral más dinámico y con menor incertidumbre jurídica”.
El debate recién comienza y promete una de las batallas políticas más intensas del cierre del año.
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