DESREGULACION DEL TRANSPORTE MARITIMO
El Gobierno Nacional avanza en la desregulación del transporte marítimo y fluvial: ¿Un ataque al derecho a huelga y a los sindicatos?
En una medida que ha generado fuertes críticas desde el sector sindical, el Gobierno nacional impulsa una profunda desregulación del transporte marítimo y fluvial, una estrategia que, según analistas y representantes gremiales, busca debilitar el derecho a huelga y limitar el poder de negociación de los trabajadores en un sector estratégico.
El proyecto, ideado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, amplía el decreto 37/2025 —publicado en enero pasado— bajo el nombre «Desregulación y promoción del Transporte Marítimo y Fluvial de la República Argentina».
Según el Ejecutivo, el objetivo es brindar «mayor dinamismo, simplicidad y operatividad» al sector, eliminando trámites burocráticos. Sin embargo, para los sindicatos, la medida es un golpe directo a los derechos laborales.
Restricción del derecho a huelga y servicios esenciales
Uno de los puntos más polémicos es la declaración del transporte marítimo y fluvial como «servicio esencial», lo que impone restricciones al derecho a huelga. La normativa exige un mínimo del 75% de operatividad durante conflictos laborales, incluso en actividades privadas o que no afecten directamente la salud o la vida de las personas. Esta disposición choca con garantías constitucionales y con convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen el derecho a la protesta sindical.
«Es una medida claramente represiva, que busca anular la capacidad de presión de los trabajadores», denunció un dirigente gremial a Mundo Gremial. Expertos en derecho laboral advierten que la reforma podría «desarticular el sistema de relaciones laborales en el sector», favoreciendo a grandes empresas en detrimento de los derechos de los trabajadores.
Flexibilización laboral y contratos bajo legislación extranjera
Otra arista conflictiva es la flexibilización de los contratos de embarque, que permitiría a las empresas eludir la normativa laboral argentina y contratar personal bajo leyes extranjeras. Esto significa que los trabajadores podrían quedar fuera de los convenios colectivos locales, sin acceso a la estabilidad laboral ni a la seguridad social argentina.
Además, el decreto fomenta la llegada de buques con banderas extranjeras, lo que podría reducir el empleo local. Peor aún, se introduce un régimen de «bandera nacional de conveniencia», que permite a navieras operar con matrícula extranjera sin perder acceso al mercado interno ni beneficios fiscales.
Golpe a las bolsas de trabajo sindicales
La reforma también busca eliminar la intermediación sindical en las contrataciones, otorgando a los armadores «plena libertad» para elegir empleados sin pasar por las bolsas de trabajo gremiales. Esto debilitaría el control de los sindicatos sobre el empleo en el sector y reduciría su capacidad de negociación.
Para la CGT y los gremios del transporte, la medida es un mensaje claro del Gobierno: «No tolerarán protestas que afecten sus planes de ajuste y desregulación». Mientras el oficialismo insiste en que la reforma busca «agilizar» el sector, los trabajadores la ven como un ataque sistemático a sus conquistas laborales.
¿Hacia un conflicto social ampliado?
Con esta medida, el Gobierno nacional parece dispuesto a profundizar su pulso con el movimiento obrero. La pregunta ahora es si la CGT y los sindicatos del transporte responderán con movilizaciones o si buscarán negociar en un escenario cada vez más adverso. Lo cierto es que, en medio de una crisis económica persistente, el descontento social podría escalar rápidamente.
Mientras tanto, Sturzenegger y el equipo económico avanzan en su agenda de «transformación del Estado», aunque a un costo que, para muchos, podría ser demasiado alto.