El oficialismo acelera el diálogo político para llegar a febrero con acuerdos cerrados en el Congreso.
El oficialismo puso en marcha una estrategia política intensiva para intentar avanzar, a partir de febrero, con dos iniciativas centrales de su agenda legislativa: la Modernización Laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares. Ambos proyectos ya cuentan con dictamen de comisión, pero el Gobierno sabe que el desafío principal será construir mayorías en un Congreso fragmentado.
Durante enero, el foco estará puesto en el diálogo con sectores considerados “dialoguistas”, tanto en Diputados como en el Senado, con el objetivo de llegar a las sesiones extraordinarias con consensos mínimos que permitan abrir el debate en el recinto.
La apuesta del Gobierno es cerrar acuerdos políticos antes del inicio formal de las sesiones, para evitar derrotas parlamentarias que debiliten su agenda de reformas.
LOS ACTORES CLAVE DE LA NEGOCIACIÓN
En este esquema, vuelven a ocupar un rol central la senadora Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes encabezan las conversaciones con gobernadores y bloques legislativos.
La eventual convocatoria al Congreso está prevista para el 2 de febrero, fecha a partir de la cual el oficialismo buscará acelerar el tratamiento de las iniciativas ya dictaminadas. En paralelo, el Ejecutivo define la estrategia para el proyecto de reforma del Código Penal, que aún no ingresó al Parlamento y genera dudas sobre por qué cámara iniciar su debate.
REFORMA LABORAL: EL DEBATE MÁS SENSIBLE
El proyecto de Modernización Laboral fue dictaminado en diciembre y tiene prevista su discusión en el recinto el 11 de febrero, bajo la conducción de Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Trabajo del Senado.
Desde el oficialismo admiten que sin consensos amplios, la iniciativa podría enfrentar obstáculos en su aprobación.
La senadora ya dejó abierta la puerta a modificaciones y aportes de otros bloques, consciente de que el debate despierta resistencias tanto sindicales como políticas.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a reducir la informalidad y generar empleo privado, especialmente en pequeñas y medianas empresas. En cambio, desde la oposición peronista y sectores sindicales advierten que el proyecto podría debilitar derechos laborales y afectar el poder adquisitivo.
UN PUNTO DE ALTA CONFLICTIVIDAD
Uno de los ejes más controvertidos es el vinculado a la litigiosidad laboral. Mientras el oficialismo plantea que la reforma busca reducir conflictos judiciales y dar previsibilidad a empleadores y trabajadores, especialistas en derecho constitucional advierten sobre posibles tensiones con garantías laborales vigentes.
El debate no solo es político, sino también jurídico: el alcance de los cambios abre interrogantes sobre su compatibilidad con la Constitución y los tratados internacionales.
CAMBIOS EN LA LEY DE GLACIARES: APOYOS Y RESISTENCIAS
El segundo proyecto en agenda es la modificación de la Ley de Glaciares, que ya obtuvo dictamen en las comisiones de Ambiente y de Minería. A diferencia de la reforma laboral, esta iniciativa cuenta con el respaldo explícito de varios gobernadores, especialmente de provincias con actividad minera.
Mandatarios como los de San Juan y Catamarca defendieron la necesidad de una actualización normativa que permita compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo productivo y el empleo local.
El Gobierno apuesta al respaldo de las provincias como principal sostén político para avanzar con la reforma ambiental.
Sin embargo, el proyecto enfrenta una fuerte resistencia de organizaciones ambientales, juristas y referentes académicos, que advierten sobre un debilitamiento de la protección de los glaciares y del rol del Estado nacional en el control ambiental.
UN FEBRERO DECISIVO
Con negociaciones abiertas, posiciones encontradas y definiciones pendientes, el oficialismo encara un verano político intenso. Febrero aparece como un mes clave para medir la capacidad del Gobierno de convertir su agenda de reformas en leyes, en un Congreso donde cada voto será determinante.
La reforma laboral y la Ley de Glaciares se perfilan como los primeros grandes test legislativos del año para el Gobierno de Javier Milei.
