La suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura generó malestar social y preocupación en la Casa Rosada.

Tras el anuncio del paro dispuesto por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), el Gobierno asegura haber detectado “mucho enojo” en las mediciones de opinión pública, lo que motivó la evaluación de estrategias para fijar posición en contra de la medida.

La intención oficial es reducir el impacto negativo del paro en la percepción ciudadana y en el ecosistema futbolístico.

En Balcarce 50 se realizaron reuniones durante las últimas horas para analizar el escenario. El debate interno gira en torno a cómo posicionarse frente a la conducción de la AFA sin vulnerar los límites legales. No se descartan presentaciones o pedidos de información vinculados al funcionamiento de la entidad.

El análisis del Gobierno también contempla la vía judicial: la causa en el fuero penal económico investiga presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por montos que superarían los $19.000 millones.

La AFA, por su parte, difundió un comunicado negando la existencia de “deuda exigible” y sosteniendo que los pagos se hicieron previo a su vencimiento, además de señalar que la cuestión está pendiente ante la Cámara de Apelaciones.

Algunos integrantes del Ejecutivo prefieren no realizar pronunciamientos públicos, mientras otros consideran que Tapia perdió apoyo dentro del ecosistema del fútbol, incluyendo contactos informales con jugadores de la selección nacional.

La discusión también incluye las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un esquema que el Gobierno planea impulsar como alternativa al modelo actual, aunque no antes del Mundial de este año, proyectando su promoción para el segundo trimestre de 2026.

El objetivo es profesionalizar y transparentar la gestión del fútbol argentino, al tiempo que se busca minimizar los conflictos por decisiones internas de la AFA.