El proyecto propone imputabilidad desde los 13 años, aunque el consenso legislativo apunta a fijarla en 14.
El Gobierno nacional volvió a poner en agenda uno de los debates más sensibles del sistema penal argentino. Este lunes ingresó al Congreso el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad y establecer un esquema diferenciado para adolescentes que cometan delitos graves.
La iniciativa, idéntica a la presentada en 2025, establece como punto central la reducción de la edad mínima de imputabilidad de 16 a 13 años. Sin embargo, en el oficialismo reconocen que ese umbral difícilmente prospere sin cambios y que el acuerdo político posible hoy se ubica en los 14 años.
La discusión vuelve al recinto con un escenario distinto: esta vez el proyecto incluye financiamiento específico y un cronograma legislativo acelerado.
UN DEBATE QUE SE ACELERA EN DIPUTADOS
La Libertad Avanza busca que el proyecto sea tratado de manera exprés. El cronograma prevé un plenario de comisiones —Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto— para dictaminar el miércoles y llevar la iniciativa al recinto el jueves 12 de febrero.
Desde los bloques dialoguistas, como el PRO y la UCR, ya anticiparon que acompañarían el debate si se fija la edad mínima en 14 años, tal como se había consensuado en el dictamen del año pasado.
El respaldo opositor estaría condicionado a modificar el piso de imputabilidad y limitar las penas máximas.
FINANCIAMIENTO: EL PUNTO QUE DESTRABÓ LA DISCUSIÓN
Uno de los principales obstáculos que había frenado el avance de la reforma en 2025 fue la falta de recursos. Esta vez, el Gobierno incorporó un artículo específico que asigna partidas presupuestarias para su implementación.
El proyecto prevé una asignación total de $23.739 millones para 2026, destinados al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, con el objetivo de financiar infraestructura, personal especializado y dispositivos de contención.
La inclusión de fondos propios busca despejar uno de los argumentos más fuertes de la oposición para frenar la ley.
CÓMO SERÁ EL NUEVO RÉGIMEN PENAL JUVENIL
El texto establece un sistema diferenciado del régimen de adultos. Para adolescentes de hasta 15 años, la privación de la libertad quedará reservada solo para delitos graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales y secuestros.
En los casos de menor gravedad, se priorizarán sanciones alternativas: tareas comunitarias, reglas de conducta, reparación del daño y medidas socioeducativas.
Las penas máximas previstas en la versión original llegan hasta los 20 años, aunque se excluye expresamente la prisión perpetua. No obstante, ese punto también podría modificarse: el consenso previo fijaba un tope de 15 años para los delitos más graves.
La privación de la libertad aparece como último recurso, con foco en la resocialización y la reinserción.
DERECHOS, GARANTÍAS Y VÍCTIMAS
El proyecto contempla la creación de institutos específicos para adolescentes condenados, con personal capacitado en infancia y adolescencia, y prohíbe cualquier convivencia con presos adultos. Además, garantiza acceso a educación, atención médica integral y tratamiento de adicciones.
También refuerza los derechos procesales de los jóvenes: defensa gratuita, asistencia psicológica y social, derecho a ser escuchados y mecanismos de mediación. En paralelo, se fortalecen los derechos de las víctimas, con acompañamiento legal y psicológico e información permanente sobre las causas.
El Gobierno sostiene que la reforma busca evitar que organizaciones criminales utilicen a menores inimputables y dar respuesta a delitos graves, sin abandonar el enfoque de derechos.
Con el envío del proyecto y un calendario legislativo definido, el Congreso se prepara para reabrir un debate profundo, atravesado por tensiones políticas, sociales y jurídicas, que promete volver a dividir aguas dentro y fuera del recinto.
