El partido denunció una maniobra inconstitucional en Diputados y pidió frenar de manera urgente la asunción de los nuevos auditores.
El PRO formalizó una acción de amparo para impedir la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), tras la votación realizada en la Cámara de Diputados durante la madrugada del jueves. La presentación judicial profundiza el clima de confrontación política y pone en el centro del debate el respeto por los procedimientos constitucionales.
La iniciativa fue encabezada por Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, quien cuestionó con dureza el mecanismo utilizado para aprobar la terna de auditores y alertó sobre un “grave precedente institucional”.
Una votación bajo la lupa
La terna aprobada con 186 votos afirmativos y dos abstenciones quedó integrada por Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), Juan Ignacio Forlón (referenciado en el peronismo y cercano a Máximo Kirchner) y Pamela Calletti, exdiputada nacional por Salta, en representación de Innovación Federal.
Desde el PRO sostienen que la designación se realizó al margen de las reglas constitucionales y sin cumplir los requisitos mínimos de debate y transparencia parlamentaria.
Los argumentos centrales del amparo
En el escrito judicial, Ritondo denunció que el procedimiento fue “abiertamente irregular” y se llevó adelante durante una sesión que no estaba habilitada para tratar ese tema específico.
Según el planteo del bloque opositor, el Congreso avanzó sobre facultades que no le correspondían, ya que la convocatoria a sesiones extraordinarias no incluía la designación de autoridades de la AGN.
“No fue una decisión administrativa más: se trató de una alteración grave del sistema de control del Estado”, advierte la presentación judicial.
El diputado remarcó que el decreto presidencial que habilitó las sesiones no contemplaba este punto y que, aun así, se avanzó con una votación sin dictamen previo ni discusión en comisión.
Críticas al procedimiento y al horario de la sesión
Otro de los puntos señalados en el amparo es el contexto en el que se realizó la votación, cerca de las tres de la mañana.
“Se decidió a espaldas de la sociedad, sin publicidad, sin debate y sin cumplir las reglas básicas del funcionamiento parlamentario”, cuestionó Ritondo.
El PRO sostiene que esas condiciones vuelven nulo el acto y lesionan los derechos políticos de los legisladores, además de afectar el equilibrio institucional del sistema de control público.
El rol clave de la AGN en la Constitución
En la presentación judicial, el bloque macrista enfatizó que la Auditoría General de la Nación no es un organismo administrativo común, sino un órgano constitucional central para fiscalizar el uso de los recursos del Estado.
“Cuando se debilitan los mecanismos de control, se resiente la calidad democrática”, remarcaron desde el PRO.
Por ese motivo, solicitaron a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de la resolución, dicte una medida cautelar urgente para impedir que los auditores asuman sus funciones y restituya la situación institucional previa.
“No es una disputa de nombres, es una defensa institucional”
Ritondo aclaró que la acción judicial no apunta contra personas específicas ni responde a una disputa partidaria.
“Esto no es una pelea política: es una defensa de la Constitución, de la transparencia y del funcionamiento republicano”, afirmó el legislador.
En ese sentido, el PRO sostuvo que durante las sesiones extraordinarias el Congreso no puede incorporar temas por iniciativa propia y que avanzar por fuera del temario fijado por el Ejecutivo no fortalece el control del Estado, sino que lo pone en riesgo.
