Avanzaron designaciones judiciales, acuerdos financieros y reformas en la justicia federal.

En una sesión de fuerte contenido institucional, el Senado de la Nación aprobó este jueves que correspondientes a jueces, fiscales y funcionarios que se incorporarán a distintas áreas del Poder Judicial y del Ministerio Público.

La decisión representa uno de los mayores avances en materia de cobertura de vacantes judiciales de los últimos años y busca fortalecer el funcionamiento de organismos que enfrentan una elevada demanda de causas en todo el país.

Con estas designaciones, el Congreso busca dotar de mayor capacidad operativa a la estructura judicial y reducir demoras en distintos tribunales y fiscalías.

Aval a un acuerdo con acreedores internacionales

Durante la misma jornada, los senadores también aprobaron el acuerdo de conciliación alcanzado con los holdouts Bainbridge LTD y el grupo de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund LP.

La medida apunta a cerrar litigios pendientes y avanzar en la normalización de compromisos financieros que permanecían abiertos desde años anteriores.

El respaldo parlamentario permite dar un nuevo paso en la estrategia de resolución de conflictos vinculados a la deuda y fortalecer la seguridad jurídica del país frente a los mercados internacionales.

Cambios en la Justicia Federal

Otro de los puntos destacados de la sesión fue la aprobación de proyectos destinados a reforzar la estructura de la Justicia Federal en distintas regiones del país.

Por un lado, se autorizó la creación de una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Por otro, se avanzó con una reorganización interna y la creación de un nuevo cargo de juez de cámara en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Las iniciativas buscan mejorar la capacidad de respuesta de los tribunales federales y acompañar el crecimiento de la actividad judicial en ambas jurisdicciones.

Con estas decisiones, el Senado cerró una jornada marcada por definiciones institucionales, judiciales y financieras que impactarán tanto en el funcionamiento de la Justicia como en la relación del Estado con acreedores externos.