️ FONDOS PÚBLICOS SIN CONTROL: EL MUNICIPIO DE TUNUYÁN EN LA SOMBRA, DECIDE QUE INFORMACIÓN PÚBLICA MOSTRAR
Redacción por Damián Arancibia ✍️
Transparencia selectiva: el municipio de Emir Andraos no publica ordenanzas clave ni responde pedidos de acceso a la información
Tunuyán –Mendoza
El municipio de Tunuyán, gobernado por el intendente peronista Emir Andraos, enfrenta cuestionamientos crecientes por su falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Legisladores, medios y vecinos denuncian que la comuna no publica todas sus ordenanzas ni atiende los pedidos de acceso a la información, lo que va en contra de lo que exigen las leyes provinciales.
A pesar de que la Ley Orgánica de Municipalidades (Nº 1079) obliga a los municipios a publicar sus ordenanzas y balances en el Boletín Oficial, el Ejecutivo de Andraos se justifica diciendo que hacerlo es “muy costoso”. Por eso, solo difunde “aquellas normas de alto impacto social”, dejando fuera decisiones clave sobre gastos, contrataciones y negocios que la ciudadanía no puede conocer ni auditar.
Tunuyán y la Ley de Acceso a la Información: una adhesión tardía e incompleta
En 2018, Mendoza sancionó la Ley 9.070 de Acceso a la Información Pública, que garantiza que cualquier ciudadano puede solicitar datos sin tener que justificar su interés. Sin embargo, Tunuyán recién adhirió a esta normativa en 2021, tres años después de su promulgación, y los hechos demuestran que no la cumple plenamente.
El medio MinutoYA a publicado estas irregularidades y las denuncias son reiteradas: los pedidos de información quedan sin respuesta, y hasta los concejales opositores aseguran que no pueden acceder a proyectos en curso. Ni siquiera está permitido consultar el archivo de ordenanzas municipales. La práctica va a contramano del espíritu de la ley, que busca facilitar una administración pública abierta, ágil y veraz.
El caso del cementerio privado: $290 millones aprobados sin publicación oficial
Una de las situaciones más graves se conoció en mayo de este año, cuando el Concejo Deliberante aprobó la compra directa de parcelas en el Cementerio Parque del Valle, un predio privado cercano a Tupungato. La ordenanza autoriza un gasto de $290 millones, sin contar los costos de mantenimiento estimados en otros $100 millones anuales durante cinco décadas.
Esta millonaria decisión nunca fue publicada oficialmente. La ordenanza no figura en el Boletín Oficial y su contenido fue revelado por periodistas y redes sociales. El ocultamiento genera sospechas y va en contra de la obligación legal de publicar todos los actos administrativos.
¿Quién controla al intendente? El rol del Tribunal de Cuentas y la posible vía judicial
Ante esta falta de transparencia sistemática, el Tribunal de Cuentas de Mendoza podría intervenir para auditar el destino de los fondos utilizados en ordenanzas no publicadas. También podría actuar la Oficina de Ética Pública, a partir de recursos presentados por ciudadanos o legisladores.
Pero si la omisión se realiza para encubrir posibles delitos, la situación de Andraos podría agravarse:
- Incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP)
- Enriquecimiento ilícito (art. 268 CP)
- Omisión maliciosa de declaración jurada (art. 268(3) CP)
Si el Tribunal de Cuentas detecta irregularidades, algún fiscal podría actuar de oficio e iniciar una investigación penal por malversación de fondos públicos.
Silencio ante la prensa: sin respuesta sobre contratos, planta y pauta oficial
Tampoco han sido respondidos al cierre de esta edición ninguno de los pedidos de información solicitados por este medio respecto a:
- La cantidad de empleados contratados
- Contratos municipales
- Pauta oficial
- Licitaciones
Medios como El Sol de Mendoza ya habían documentado la ausencia de respuestas oficiales en notas de 2024. La opacidad parece una constante de la gestión Andraos.
La transparencia no es optativa: es una obligación legal
El municipio de Tunuyán no está exento de cumplir con la ley, ni puede decidir qué información dar y cuál ocultar. El manejo de fondos públicos debe estar sometido al control ciudadano, no solo por una cuestión de legalidad, sino de ética y responsabilidad institucional.
La falta de publicaciones, el rechazo a brindar datos públicos y las compras directas sin difusión ponen al Ejecutivo local bajo sospecha. Las próximas semanas serán clave para determinar si la Justicia y los órganos de control actúan, o si Tunuyán seguirá siendo una zona gris en la transparencia estatal.
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