La fiscalía investiga una operatoria de $955 millones vinculada a la venta de vino y al concurso preventivo de la bodega.
La Justicia imputó a tres representantes de Bodega Norton y a un representante de Acindar Pymes SGR en una causa que investiga una presunta maniobra de defraudación relacionada con seis cheques por un total de $955 millones.
La investigación está a cargo del fiscal Alejandro Iturbide, quien sostiene que la operatoria cuestionada se produjo en los días previos a la presentación de Norton en concurso preventivo.
La causa no cuestiona la venta original del vino, sino una serie de operaciones posteriores que, según la fiscalía, habrían modificado la posición de los acreedores y generado un perjuicio para la Cooperativa San Carlos Sud.
El origen del conflicto
Según la investigación, el caso comenzó en 2024, cuando la Cooperativa San Carlos Sud vendió a Bodega Norton 375.000 litros de Malbec y 45.000 litros de Cabernet por $503.250.000.
Para financiar la operación se recurrió a un crédito bancario. La cooperativa tomó inicialmente el préstamo debido a sus mejores condiciones como PyME, mientras que Norton asumió el compromiso de cancelarlo. Acindar Pymes SGR intervino como garante frente al banco.
En esta primera etapa, la propia fiscalía considera que se trató de una operación comercial lícita y habitual.
El conflicto comenzó después, cuando Norton incumplió el pago del préstamo.
Seis cheques quedaron en el centro de la investigación
De acuerdo con la imputación, durante octubre de 2025 Norton avanzó hacia un concurso preventivo y, mientras continuaban las conversaciones para refinanciar la deuda, se acordó cancelar la obligación mediante seis cheques por $955 millones.
El punto que ahora analiza la Justicia es que los cheques fueron emitidos a nombre de la Cooperativa San Carlos Sud y no directamente a nombre de Acindar.
Para la fiscalía, esa circunstancia resultó determinante porque los documentos debían ser endosados por la cooperativa antes de llegar a la sociedad de garantía recíproca.
Según la hipótesis fiscal, el endoso terminó colocando a la cooperativa en una posición deudora que no tenía al comienzo de la operación.
Una investigación que apunta al momento de la operación
El fiscal Alejandro Iturbide imputó como presuntos coautores al enólogo David Bonomi y a Martín Shulz y Lorena Sánchez, identificados en el expediente como representantes de Norton.
En tanto, Carlos Moyano, representante de Acindar Pymes SGR, fue imputado como presunto partícipe primario.
La resolución sostiene, siempre según la hipótesis de la fiscalía, que existió una actuación coordinada entre representantes de Norton y Acindar destinada a mejorar la posición crediticia de la sociedad de garantía y generar una obligación cambiaria adicional para la cooperativa.
Se trata de una imputación y la investigación judicial deberá determinar las responsabilidades correspondientes.
La cooperativa quedó frente a un nuevo reclamo
El conflicto tuvo una consecuencia concreta para la Cooperativa San Carlos Sud: después del endoso de los cheques, Acindar inició un juicio ejecutivo contra la entidad.
Desde la cooperativa sostienen que la resolución fiscal modifica el escenario judicial que venían enfrentando.
Su vicepresidente, Claudio Guisti, afirmó que hasta ahora la estrategia estaba concentrada en responder a las acciones judiciales derivadas del conflicto, pero que la imputación abre una nueva etapa.
Para la cooperativa, el expediente penal puede convertirse ahora en un elemento central dentro de la disputa patrimonial que mantiene abierta.
El caso vuelve a poner la lupa sobre las garantías financieras
Más allá de las responsabilidades que determine la Justicia, el expediente expone la complejidad de las operaciones que involucran créditos, garantías, cesiones de deuda y cheques cuando una empresa atraviesa dificultades financieras.
La discusión penal se concentra en los hechos posteriores a la operación comercial inicial, mientras que las cuestiones vinculadas con quién debía asumir finalmente la deuda deberán resolverse en el ámbito civil.
El caso continúa abierto y la imputación no implica una condena. Será la Justicia la que determine si existió efectivamente la maniobra denunciada y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
Por el momento, seis cheques por $955 millones quedaron en el centro de una disputa que involucra a una reconocida bodega mendocina, una sociedad de garantía y una cooperativa vitivinícola.
