Milei endurece su postura, los gobernadores negocian recursos y la CGT prepara la ofensiva judicial.

El debate por la reforma laboral entra en una fase decisiva y expone un triángulo de tensiones que cruza al Gobierno nacional, las provincias y el sindicalismo. El presidente Javier Milei ratificó que el proyecto impulsado por la Casa Rosada debe aprobarse sin cambios, mientras los gobernadores reclaman compensaciones económicas y la CGT analiza recurrir a la Justicia si la ley avanza tal como está redactada.

El mandatario utilizó su gira internacional para definir el rumbo político del año legislativo junto a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, referentes del ala más dura del oficialismo. Ambos coinciden en que aceptar modificaciones al texto aprobado en comisión sería retroceder en una de las banderas centrales del programa libertario.

“Modificar el proyecto en esta instancia sería claudicar en una de las reformas estructurales que llevaron a Milei a la Casa Rosada”, sostienen en el entorno presidencial.

El dictamen que llegará al recinto del Senado el próximo 11 de febrero tiene 78 páginas y fue avalado por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. En el oficialismo recuerdan el antecedente de la Ley Bases, cuando la modernización laboral debió canalizarse vía DNU y terminó frenada por la Justicia.

Provincias, votos y recursos

Mientras Milei asegura contar con los votos necesarios para la media sanción, el ministro del Interior, Diego Santilli, despliega una estrategia de negociaciones individuales con los gobernadores. El objetivo es evitar acuerdos en bloque y atender reclamos puntuales, especialmente los vinculados a la coparticipación del impuesto a las Ganancias.

“La baja de impuestos no será automática y quedará bajo control del Ministerio de Economía”, repiten en el Gobierno para calmar a las provincias.

El bloque Provincias Unidas —Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy— mantiene reparos ante cualquier recorte de fondos, aunque la Casa Rosada intenta fracturar esa postura con gestos hacia distritos en emergencia, como Chubut, afectada por incendios forestales.

En paralelo, algunos gobernadores advierten que la rebeldía puede tener costos políticos. El caso del tucumano Osvaldo Jaldo, cuestionado por un viaje al exterior en medio de inundaciones provinciales, fue leído en el oficialismo como una señal disciplinadora.

La CGT, en alerta máxima

Del otro lado, la CGT sigue con preocupación el avance de la reforma. En la central obrera reconocen que a la oposición le faltarían al menos seis votos para frenar la ley en el Senado, un número difícil de conseguir en un contexto de urgencias fiscales para las provincias.

“Si la ley sale como está, vamos a judicializarla por inconstitucional”, anticipan en el sindicalismo.

El triunvirato que conduce la CGT —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— iniciará una recorrida por distintas provincias para presionar a los gobernadores. Aunque coinciden en la necesidad de frenar la reforma, dentro del sindicalismo conviven estrategias distintas: algunos apuestan al diálogo, otros empujan hacia una huelga general.

En ese clima, dirigentes como Luis Barrionuevo reactivaron la rosca gremial con encuentros masivos, mientras sectores más combativos, encabezados por Abel Furlán (UOM), reclaman medidas de fuerza inmediatas.

Una definición sin margen

La senadora Patricia Bullrich, encargada de las negociaciones en la Cámara Alta, evaluó junto a sus asesores la posibilidad de introducir ajustes para garantizar la aprobación final. Sin embargo, el mensaje del Presidente fue tajante.

“La reforma laboral debe aprobarse tal como está”, fue la orden que bajó Milei a su mesa política.

Con el calendario corriendo y las posiciones cada vez más rígidas, el Senado se encamina a una votación que promete marcar un punto de inflexión: para el Gobierno, una prueba de poder; para las provincias, una pulseada por recursos; y para la CGT, el inicio de una batalla judicial que podría extenderse más allá del recinto.