La UNL y la reforma constitucional: el malestar radical
Introducción
La palabra «reforma» resuena con fuerza en los pasillos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). No es casualidad: la casa de estudios ha sido protagonista clave en los procesos de transformación política e institucional de Argentina.
Sin embargo, en el actual debate por la reforma constitucional en Santa Fe, la UNL fue relegada a un rol secundario —cuando no inexistente—, generando un profundo malestar en sectores del radicalismo vinculados al ámbito académico.
Una afrenta histórica
La UNL no solo no fue considerada como sede de los debates convencionales, sino que tampoco fue consultada en aspectos técnicos, pese a su trayectoria en materia jurídica y constitucional.
Esta omisión ha sido interpretada como un gesto de desprecio hacia una institución que, desde su fundación en 1919 —en el marco de la Reforma Universitaria—, ha sido símbolo de participación y vanguardia democrática.
«Un gobierno radical que deja afuera a la UNL de la reforma será recordado con dureza con el paso del tiempo», sentenció un histórico dirigente radical, reflejando la indignación que recorre los claustros.
El silencio incómodo de los referentes universitarios
Lo que más ha irritado a los militantes no es solo la decisión del oficialismo, sino la falta de reacción de aquellos dirigentes radicales con raíces en la UNL que hoy ocupan cargos en el Gobierno o la Legislatura.
La ausencia de un reclamo público ha dejado al descubierto una fractura entre el discurso de defensa de la universidad pública y la práctica política concreta.
«Hubo muchas fotos y apoyo político (a Pullaro), pero a la hora de la verdad, nos desconocieron como sede», admitió con amargura un académico radical. La sensación de abandono es particularmente fuerte entre los jóvenes militantes, que esperaban una postura más firme en defensa de la institución.
El peso simbólico de la exclusión
Para la UNL, la palabra «reforma» no es un término neutro: evoca la gesta de 1918, el compromiso con la educación pública y la tradición de debate pluralista. Por eso, su marginación en este proceso no es percibida como un mero error logístico, sino como una afrenta simbólica.
«Excluir a la UNL de este debate es ignorar su historia y su capacidad de aporte», señaló un docente e investigador de la facultad de Derecho. La universidad no solo cuenta con expertos en derecho constitucional, sino que su campus —con una rica tradición asamblearia— habría sido un espacio ideal para albergar discusiones de esta envergadura.
Conclusión: ¿oportunidad perdida?
El gobierno de Maximiliano Pullaro enfrenta un desafío político inesperado: la decepción de un sector clave de su base, el universitario.
Más allá de los acuerdos partidarios, la exclusión de la UNL ha dejado al descubierto una tensión entre la retórica reformista y la práctica concreta de participación.
Si, como sostienen los críticos internos, «la historia juzgará con dureza» esta decisión, el oficialismo aún está a tiempo de rectificar. De lo contrario, el malestar en el radicalismo universitario podría convertirse en una herida difícil de cerrar.
Mientras tanto, en Santa Fe, la palabra «reforma» sigue escribiéndose con tinta, pero —para descontento de muchos— sin el sello de la UNL.