Reclamos salariales y de salud mental profundizan la tensión dentro de la fuerza policial.
Las manifestaciones frente a la Jefatura de la Unidad Regional II exponen una crisis interna en la Policía de Santa Fe, atravesada por reclamos económicos, desgaste laboral y una fuerte demanda por atención psicológica al personal.
Las protestas protagonizadas por sectores de la Policía de Santa Fe frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario, dejaron al descubierto un conflicto profundo dentro de la fuerza. Mientras el Gobierno provincial sostiene que existen intentos de desestabilización del plan de seguridad, los efectivos aseguran que se trata de reclamos históricos que no encontraron respuesta.
El abogado Gabriel Sarla, representante de un grupo de agentes que impulsa las manifestaciones, afirmó que el malestar se intensificó luego de que el Ejecutivo anunciara mejoras que no implican una recomposición real del salario.
“No hubo aumento salarial. Se otorgó un plus no remunerativo que no alcanza a todos y que no impacta en el básico ni en la jubilación”, explicó el letrado.
SALARIOS QUE NO ALCANZAN Y JORNADAS EXTENUANTES
Uno de los ejes centrales del reclamo es la política salarial. Según los representantes de los efectivos, los ingresos actuales no permiten cubrir los gastos básicos y obligan a recurrir a horas extras y servicios adicionales para completar el mes.
“El policía no llega ni a la mitad de mes con el sueldo”, advirtió Sarla, y señaló que esta situación repercute directamente en el descanso, la vida familiar y la salud integral del personal.
A esto se suman extensas jornadas laborales, falta de pausas adecuadas y un desgaste físico y emocional que, aseguran, se volvió insostenible en el último tiempo.
LA SALUD MENTAL, EL RECLAMO QUE DESENCADENÓ LA PROTESTA
Aunque el debate salarial ganó visibilidad, desde el entorno de los manifestantes remarcan que el origen del conflicto fue otro: la salud mental dentro de la fuerza. El pedido apunta a la implementación de un abordaje psicológico integral y permanente para los agentes.
El reclamo cobró mayor fuerza tras la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien atravesaba una licencia médica por problemas de salud mental. El efectivo se disparó el 4 de febrero y falleció dos días después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.
El caso generó conmoción en la fuerza y aceleró las primeras manifestaciones, que luego derivaron en la protesta frente a la Jefatura.
INVESTIGACIÓN PENAL Y TENSIÓN INSTITUCIONAL
En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación penal contra al menos 20 agentes por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, a raíz de los hechos ocurridos durante la protesta.
Según las actuaciones preliminares, parte del personal involucrado no habría cumplido con el servicio asignado, lo que derivó en la intervención judicial además de las sanciones administrativas.
EL LÍMITE DE LA PROTESTA, SEGÚN EL GOBIERNO
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, fue contundente al referirse a las manifestaciones y advirtió que no se tolerarán acciones que afecten el funcionamiento del plan de seguridad provincial.
“Utilizar a la institución para minar una política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a consentir”, sostuvo el funcionario.
Cococcioni reconoció que el reclamo de fondo es legítimo, pero alertó sobre la presencia de personas ajenas a la fuerza que habrían intentado mezclarse en la protesta y generar incidentes. Además, confirmó que se reforzó el patrullaje con apoyo de fuerzas federales y que continuarán los pases a disponibilidad mientras avance la investigación.
La protesta policial en Rosario expone un escenario complejo, donde demandas laborales y sanitarias conviven con una fuerte tensión política e institucional. Mientras las investigaciones avanzan, el conflicto sigue abierto y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el derecho a reclamar y la responsabilidad de garantizar la seguridad pública.
