Una empleada municipal denunció abuso sexual y terminó trasladada, con recorte salarial y sin contención.
Tunuyán vuelve a quedar en el centro de la escena por un grave caso de violencia institucional con perspectiva de género ausente. L.R., trabajadora de la Municipalidad, denunció penalmente a un superior jerárquico por abuso sexual y, lejos de encontrar protección, terminó enfrentando consecuencias laborales y económicas que profundizaron su situación de vulnerabilidad.
El testimonio fue brindado en una entrevista exclusiva realizada por el sitio La Otra Verdad, medio que dio a conocer los detalles del caso y el impacto que la denuncia tuvo en la vida de la trabajadora.
❝DENUNCIAR Y PERDER❞: CUANDO LA VÍCTIMA TERMINA CASTIGADA
Según el relato de L.R., tras presentar la denuncia el pasado 20 de agosto, la respuesta institucional no fue el acompañamiento esperado. Por el contrario, la empleada fue trasladada de su lugar de trabajo y sufrió una reducción salarial, afectando de manera directa su estabilidad económica y emocional.
La denunciante debió costear de su bolsillo la atención psicológica, ante la falta de cobertura efectiva de OSEP, mientras el acusado continúa en funciones y circulando libremente por dependencias municipales.
La situación configura un escenario de revictimización permanente, donde quien denuncia queda expuesta y quien es señalado no recibe medidas preventivas visibles.
SILENCIO JUDICIAL Y FRIALDAD POLÍTICA
La causa judicial, según denunció L.R., permanece estancada, sin avances significativos, pericias psicológicas al acusado ni medidas cautelares dentro del ámbito laboral. A esta falta de respuestas se suma la postura política.
La trabajadora buscó intervención institucional y se comunicó con el diputado provincial Julio Villafañe. La respuesta que recibió fue contundente y polémica: “Se hizo todo lo que se tenía que hacer”.
Para la gestión local, trasladar a la denunciante y reducirle el salario parece haber sido la única respuesta ante una acusación de extrema gravedad.
UN PATRÓN QUE SE REPITE EN TUNUYÁN
El caso de L.R. no aparece aislado. Por el contrario, se inscribe en un contexto de antecedentes recientes que evidencian prácticas discriminatorias desde el Estado municipal.
La justicia ya condenó al municipio y a un exintendente en el caso de la Reina de Campo Los Andes, quien denunció discriminación y obtuvo un fallo favorable. A esto se suma lo ocurrido con la ex Reina de la Tonada, quien tras cuestionar la falta de participación popular en la elección vendimial, denunció hostigamiento y aislamiento.
El mensaje parece reiterarse: quienes incomodan al poder, pagan un costo.
DISCURSO DE GÉNERO HACIA AFUERA, REALIDAD OPUESTA PUERTAS ADENTRO
Mientras el municipio impulsa programas con consignas de género y visibilización femenina, la realidad laboral interna dista del discurso público. Según denunció L.R., áreas clave redujeron la presencia de mujeres en funciones operativas y de decisión, especialmente luego de su denuncia.
La Ley Micaela, obligatoria para los funcionarios del Estado, aparece como un requisito formal sin impacto real cuando las respuestas institucionales refuerzan la desigualdad y el silenciamiento.
Si proteger a una denunciante no forma parte del protocolo, la capacitación falló o la indiferencia es estructural.
UNA BÚSQUEDA DE JUSTICIA QUE CONTINÚA
Actualmente, L.R. avanza con un abogado particular para solicitar que la causa sea trasladada al Polo Judicial, fuera del ámbito local, donde asegura no encontrar garantías mínimas de imparcialidad.
Su decisión de hablar públicamente no solo busca justicia personal, sino visibilizar un sistema que necesita una revisión profunda, antes de que la violencia institucional vuelva a tener consecuencias irreversibles.
Fuente de la entrevista y testimonio:
📰 La Otra Verdad
