La CGT acelera gestiones para frenar o modificar la reforma laboral.

La Confederación General del Trabajo (CGT) reactivó en las últimas horas una ofensiva política de múltiples frentes frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Con negociaciones silenciosas, gestiones territoriales y un discurso público de mayor confrontación, la central obrera busca incidir en el desenlace parlamentario de una iniciativa que considera altamente conflictiva.

El nuevo escenario político, tras la aprobación del Presupuesto 2026, obligó a la CGT a recalcular su estrategia. La capacidad del Ejecutivo para articular mayorías con las provincias encendió alertas en la conducción sindical, que ahora asume un enfoque más pragmático: el objetivo máximo sigue siendo frenar la reforma, pero gana peso una meta mínima, enfocada en eliminar los artículos más sensibles.

Las actividades formales de la central se retomarán durante la semana del 12 de enero, con una agenda centrada en ordenar el tablero político y legislativo de cara a febrero, cuando el proyecto volverá al centro del debate parlamentario.

Diálogo reservado y líneas rojas

Mientras mantiene una postura pública dura, la CGT sostiene canales de diálogo abiertos con el oficialismo. Las conversaciones incluyen contactos directos con Santiago Caputo y con funcionarios del área laboral. En privado, los dirigentes gremiales admiten que el Gobierno tiene altas probabilidades de avanzar, por lo que el margen de maniobra real pasa por condicionar el contenido final de la reforma.

El financiamiento sindical aparece como la principal línea roja. La central rechaza los cambios en el sistema de cobro de cuotas solidarias y de afiliación, así como las modificaciones en los mecanismos de retención. También genera fuerte resistencia la ampliación de las actividades consideradas esenciales —que limita el derecho a huelga— y la primacía de los convenios por empresa sobre los convenios de actividad, un punto que la CGT define como innegociable.

A esto se suman cuestionamientos al cálculo de la indemnización por despido, que excluye el aguinaldo y otros conceptos, y a las restricciones para reclamar por falta de registración laboral.

“Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional”, advirtió Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción de la CGT, que ya anticipó que judicializará la norma si es aprobada.

Gobernadores, el factor clave

En paralelo, la conducción sindical profundiza el diálogo con gobernadores y dirigentes con peso territorial. Aunque hacia afuera sostiene un discurso de movilización y advertencias de paro general, puertas adentro apuesta a la negociación política para desactivar los artículos más conflictivos.

Los gobernadores se transformaron en piezas centrales del ajedrez legislativo. Bajo esa lógica, la CGT multiplicó reuniones con mandatarios peronistas, radicales y referentes provinciales con buen vínculo con la Casa Rosada. En la central aseguran haber encontrado receptividad, aun con matices y diferencias políticas.

Santilli sale a sumar apoyos

Del lado del oficialismo, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomará esta semana una nueva gira por las provincias con el objetivo de consolidar respaldos para la reforma laboral. Según fuentes de la Casa Rosada, el funcionario permanecerá activo durante enero para cerrar acuerdos que permitan llevar el proyecto al recinto en febrero.

Este miércoles, Santilli viajará a Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres. En la agenda figuran también encuentros con mandatarios que acompañaron al Gobierno en la aprobación del Presupuesto 2026, como Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Marcelo Orrego (San Juan), entre otros.

El cruce de agendas anticipa un verano de negociaciones intensas y construcción política silenciosa. En la CGT lo asumen como un escenario abierto, atravesado por internas y tensiones externas, pero con una hoja de ruta definida: llegar a febrero con los acuerdos necesarios para incidir en el resultado final y limitar el alcance de una reforma que consideran una amenaza directa al modelo sindical vigente.