Abogados, especialistas y emprendedores plantearon acuerdos y diferencias frente al proyecto.
El Senado avanzó con una nueva jornada de análisis del proyecto de Ley General de Sociedades, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que propone reemplazar el marco legal vigente y adaptar las reglas para empresas y emprendimientos a los cambios tecnológicos y económicos de las últimas décadas.
La reunión se desarrolló en la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nadia Márquez (LLA), y contó con la participación de doce especialistas, entre abogados, funcionarios y referentes del sector tecnológico.
El debate dejó expuesta una discusión de fondo: cómo actualizar las reglas para hacer negocios sin resignar controles, transparencia ni protección frente a posibles abusos.
Una reforma que divide opiniones
Uno de los planteos más críticos llegó de la mano de Ricardo Nissen, especialista en derecho comercial y societario, quien coincidió en que la legislación necesita una actualización, pero cuestionó el contenido de la reforma propuesta por el Ejecutivo.
Su principal preocupación estuvo relacionada con la limitación de responsabilidad de los empresarios y el riesgo de que determinadas estructuras societarias puedan ser utilizadas para evitar responsabilidades.
La posición de Nissen contrastó con la mirada de otros expositores, que consideraron que la reforma puede convertirse en una oportunidad para modernizar el funcionamiento empresarial.
Transparencia y prevención del lavado
Desde la Unidad de Información Financiera (UIF), su presidente, Matías Álvarez, destacó los aspectos vinculados con la prevención del lavado de activos.
El funcionario sostuvo que el proyecto mantiene los estándares internacionales y consideró que la reforma puede contribuir a modernizar la legislación sin debilitar los mecanismos de control existentes.
El planteo pone uno de los principales focos del debate en la necesidad de combinar simplificación y modernización empresarial con herramientas efectivas de transparencia.
La discusión no pasa solamente por facilitar la creación y funcionamiento de empresas: también se debate cómo evitar que las nuevas estructuras puedan convertirse en mecanismos para ocultar patrimonio o facilitar delitos económicos.
Un registro nacional que genera interrogantes
La propuesta también contempla la creación de un Registro Nacional de Sociedades, una herramienta que busca centralizar información y mejorar la identificación de las sociedades que operan en el país.
La ex titular de la Inspección General de Justicia, Débora Çohen, valoró varios aspectos de la iniciativa, aunque planteó una dificultad concreta: la posibilidad de que existan sociedades con nombres similares o idénticos que actualmente funcionan legalmente en distintas jurisdicciones provinciales.
La especialista pidió prever mecanismos de transición que permitan resolver esas situaciones una vez que entre en funcionamiento el nuevo sistema.
El desafío de legislar para la economía digital
Uno de los puntos que mayor atención generó durante la jornada fue el impacto de las nuevas tecnologías sobre el mundo empresarial.
El abogado, emprendedor tecnológico y especialista en blockchain Sebastián Heredia Querro sostuvo que el comercio electrónico, la inteligencia artificial y la tokenización modificaron profundamente la forma en que funcionan las empresas.
Su planteo apuntó especialmente a las dificultades que enfrentan los emprendedores argentinos frente a marcos regulatorios que, según señaló, no acompañan la velocidad de los cambios tecnológicos.
La advertencia de los emprendedores fue contundente: si Argentina no adapta sus reglas a la economía digital, el país corre el riesgo de seguir perdiendo proyectos y talentos que buscan otros mercados para desarrollarse.
Inteligencia artificial y sociedades DAO
El proyecto incorpora además conceptos que prácticamente no estaban contemplados en la legislación societaria tradicional, entre ellos las nuevas tecnologías y las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO).
La inclusión de estas figuras refleja uno de los principales desafíos de la reforma: determinar cómo encuadrar jurídicamente estructuras empresariales que funcionan con tecnologías descentralizadas y modelos de organización diferentes a los tradicionales.
Para los especialistas vinculados al sector tecnológico, la actualización normativa resulta necesaria para que las empresas argentinas puedan competir en un mercado global.
Un debate con múltiples miradas
Durante la jornada también expusieron especialistas de distintas áreas del derecho societario, comercial, concursal, penal económico y de protección de consumidores.
Entre los participantes estuvieron Sebastián Balbín, Marcelo Gebhardt, Gabriela Calcaterra, Gabriela Boquín, Julián Fernando Benito Flores, Emiliano Kargieman, María Eugenia Marano y Fernando Pérez Hualde, quienes aportaron diferentes perspectivas sobre el proyecto.
La diversidad de posiciones mostró que la reforma no tendrá un tratamiento sencillo y que existen aspectos técnicos que deberán ser revisados antes de avanzar hacia una definición legislativa.
El proyecto seguirá en discusión
La presidenta de la Comisión de Legislación General agradeció las exposiciones y las preguntas formuladas por los senadores y confirmó que el análisis continuará en una próxima reunión, cuya fecha todavía deberá ser definida.
El Senado tiene ahora por delante una discusión que combina derecho, economía, tecnología y transparencia.
La pregunta central que atraviesa el debate es si Argentina logrará construir una legislación empresarial moderna que facilite la inversión y el emprendimiento sin convertir la flexibilización societaria en una puerta abierta para la opacidad.
La respuesta quedará en manos del Congreso, donde el proyecto continuará sumando observaciones antes de definir su futuro legislativo.
