El Senado convirtió en ley la reforma del régimen fiscal impulsada por el Gobierno.
El Senado de la Nación convirtió este jueves en ley el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. El proyecto fue aprobado en la Cámara alta con 44 votos a favor y 23 en contra
La iniciativa modifica distintos aspectos del Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y redefine las herramientas con las que cuenta la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para fiscalizar a los contribuyentes.
La aprobación completa el recorrido parlamentario de una reforma que busca cambiar la relación entre los contribuyentes y el organismo recaudador, con nuevas reglas para las declaraciones y los controles fiscales.
QUÉ CAMBIA PARA LOS CONTRIBUYENTES
Uno de los principales cambios está relacionado con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias.
La nueva norma elimina los límites de ingresos y patrimonio que impedían el ingreso al régimen a determinados contribuyentes. La legislación vigente establecía topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio en alguno de los tres años anteriores.
Sin embargo, los grandes contribuyentes incorporados al régimen tendrán diferencias respecto de quienes ya estaban alcanzados por el esquema, particularmente en materia de presunción de exactitud y otros beneficios fiscales.
NUEVO CRITERIO PARA LAS FISCALIZACIONES
La ley también modifica la definición de “discrepancia significativa”, es decir, el parámetro utilizado para determinar cuándo las diferencias detectadas entre la información declarada y los datos disponibles para ARCA pueden derivar en una observación fiscal.
La nueva normativa establece que una diferencia del 15% o más no será considerada significativa cuando el monto nominal involucrado no supere los $5 millones.
Además, cuando corresponda una regularización, el contribuyente contará con un plazo de 15 días hábiles para aceptar la determinación y abonar el impuesto correspondiente junto con sus accesorios.
El nuevo esquema incorpora un margen cuantitativo para distinguir errores o diferencias de menor impacto de aquellas situaciones que puedan generar una fiscalización más profunda.
EL OBJETIVO DE FORMALIZAR AHORROS
Uno de los ejes centrales de la reforma es generar condiciones para que ahorros que permanecen fuera del sistema financiero puedan incorporarse al circuito formal.
Desde el Gobierno sostienen que la modificación apunta a brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a quienes decidan utilizar sus fondos dentro del sistema formal. El proyecto también reduce determinadas obligaciones de información para los contribuyentes que adhieran a los mecanismos previstos.
La iniciativa forma parte de la estrategia económica del Ejecutivo para incentivar la utilización de dólares y otros recursos que permanecen fuera del circuito financiero.
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUEDAN EXCLUIDOS
Durante el tratamiento parlamentario se incorporó una restricción específica para funcionarios públicos.
La norma excluye de los beneficios y presunciones del régimen a funcionarios y empleados con determinados rangos de responsabilidad, legisladores, magistrados y autoridades de organismos de control, entre otros cargos. La restricción alcanza también a quienes hayan ocupado determinadas funciones durante los cinco años anteriores a su adhesión.
Este punto formó parte de las negociaciones que permitieron reunir los respaldos necesarios para sancionar la iniciativa.
El texto aprobado establece una diferencia entre los contribuyentes alcanzados por el régimen y quienes ejercen o ejercieron determinadas funciones públicas, que quedan fuera de sus beneficios.
UN PLAZO HASTA FINES DE 2027
La ley fija además una fecha límite para acceder a determinados beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el denominado “tapón fiscal”.
El plazo establecido llega hasta el 31 de diciembre de 2027, último día del actual mandato presidencial.
De esta manera, quienes pretendan utilizar esas herramientas deberán hacerlo antes de esa fecha y bajo las condiciones previstas por la nueva legislación.
EL DEBATE EN EL SENADO
La aprobación estuvo acompañada por un debate político entre el oficialismo y el peronismo.
Mientras los bloques que acompañaron el proyecto defendieron los cambios como una forma de modificar los mecanismos de control y facilitar la formalización de ahorros, desde el peronismo cuestionaron la iniciativa y la vincularon con un esquema de exteriorización de capitales.
Finalmente, el Senado aprobó el proyecto y lo convirtió en ley, completando así el trámite legislativo iniciado en la Cámara de Diputados.
Con la sanción definitiva, el debate deja de estar concentrado en el Congreso y pasa a la etapa de implementación de las nuevas reglas fiscales y de control tributario.
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