El Gobierno busca reforzar la defensa de los recursos de Malvinas.
El Gobierno nacional presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el objetivo declarado de reforzar el marco legal frente a actividades de explotación de recursos naturales que la Argentina considera no autorizadas en las Islas Malvinas y otros espacios del Atlántico Sur.
La propuesta, firmada por el presidente Javier Milei junto con integrantes de su gabinete, busca reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659 y ampliar su alcance más allá de las actividades hidrocarburíferas.
El proyecto lleva al Congreso una discusión que combina soberanía, explotación de recursos naturales y política de seguridad nacional, con nuevas herramientas para sancionar a quienes participen de operaciones no autorizadas por la Argentina.
EL ALCANCE SE EXTIENDE A OTROS RECURSOS
Una de las principales modificaciones propuestas consiste en ampliar las actividades alcanzadas por las restricciones.
El texto contempla la explotación de recursos renovables y no renovables en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina cuando no exista autorización de una autoridad nacional.
De esta manera, el esquema ya no quedaría limitado exclusivamente al sector petrolero, sino que abarcaría otras formas de aprovechamiento de recursos naturales.
PENAS DE HASTA 20 AÑOS
El proyecto establece un nuevo régimen penal para determinadas actividades.
Para la exploración o explotación no autorizada de recursos no renovables se plantean penas de entre 12 y 20 años de prisión. En los casos vinculados con extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la escala propuesta también podría llegar a los 20 años.
Además, se contemplan multas calculadas en barriles de petróleo, que podrían alcanzar hasta 3 millones de barriles en los casos más graves.
La iniciativa introduce un cambio significativo en la estructura de sanciones: las consecuencias previstas no se limitarían a multas económicas, sino que podrían incluir extensas penas de prisión e inhabilitaciones.
TAMBIÉN PODRÍAN SER ALCANZADOS PROVEEDORES
El proyecto no apunta únicamente a las empresas que desarrollen directamente las actividades cuestionadas.
También contempla sanciones para proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales destinados a esas operaciones, siempre que conozcan el destino de los mismos. Para esas conductas se prevén penas de entre cinco y siete años de prisión.
Las sociedades involucradas podrían enfrentar, además, la suspensión de actividades, la imposibilidad de contratar con el Estado, la revocación de habilitaciones y, en determinados casos, su disolución.
IMPACTO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS
La propuesta también incorpora consecuencias económicas y administrativas para las compañías alcanzadas por las sanciones.
Entre otras medidas, plantea restricciones para continuar desarrollando actividades en el país, revocación de permisos y beneficios particulares y rescisión de determinados contratos.
El proyecto prevé además un período de entre 30 y 180 días para que las empresas puedan ordenar el cese de las actividades alcanzadas por las nuevas disposiciones, contemplando situaciones vinculadas con trabajadores, acreedores y terceros.
El alcance de la propuesta excede la eventual condena penal: una empresa sancionada podría enfrentar consecuencias sobre sus permisos, contratos, beneficios y futuras operaciones dentro de la Argentina.
UN RÉGIMEN PARA QUIENES ABANDONEN LAS ACTIVIDADES CUESTIONADAS
El texto incorpora un mecanismo de desistimiento y regularización.
Las empresas o personas involucradas podrían solicitar su incorporación al régimen si abandonan las prácticas consideradas ilegales, afrontan las multas correspondientes o asumen compromisos de inversión en actividades permitidas dentro del territorio argentino.
El proyecto establece condiciones para que, una vez cumplidos determinados requisitos, puedan archivarse actuaciones administrativas y extinguirse la acción penal, salvo en situaciones expresamente contempladas, como la existencia de una sentencia firme o reincidencia.
UN CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL
El proyecto también propone crear un Sistema de Seguridad Nacional, cuyo órgano central sería un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente.
La estructura incluiría al jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
El organismo tendría entre sus funciones coordinar políticas vinculadas con defensa, diplomacia, economía, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.
La iniciativa no se limita a modificar las sanciones por actividades en Malvinas: propone además una estructura permanente de coordinación estatal para cuestiones consideradas estratégicas para la seguridad nacional.
LA ACTIVIDAD PETROLERA EN EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN
El envío del proyecto se produce mientras avanza el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas próximas a las Islas Malvinas.
La Argentina sostiene que esas actividades se desarrollan sin autorización del Estado nacional. Las empresas, por su parte, cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas, cuya soberanía es disputada por ambos países.
En paralelo, un juez federal argentino ordenó recientemente detener el desarrollo del proyecto mientras se realiza una evaluación ambiental, aunque la aplicación de la medida enfrenta dificultades por la falta de cooperación internacional.
EL DEBATE AHORA PASA AL CONGRESO
Con el ingreso formal del proyecto, la discusión se trasladará al Parlamento. El oficialismo deberá buscar los consensos necesarios para avanzar con una iniciativa que modifica el régimen vigente y suma disposiciones en materia penal, económica y de seguridad.
La propuesta se incorpora así a una agenda legislativa en la que el Gobierno también busca avanzar con otros proyectos durante las próximas semanas.
El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de discutir el alcance de las nuevas sanciones y definir si el esquema propuesto por el Poder Ejecutivo logra convertirse en ley.
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