El Ejecutivo elevó el tono político y trasladó al Congreso la responsabilidad de validar el nuevo rumbo internacional de la Argentina.

El Gobierno nacional envió un mensaje directo al Congreso luego de anunciar el acuerdo comercial con Estados Unidos, al que calificó como un punto de inflexión en la política exterior argentina. La señal no solo estuvo dirigida a los mercados, sino también al arco político, con especial énfasis en el rol que deberán asumir los legisladores.

Desde la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni defendió el entendimiento con Washington y contrastó el nuevo rumbo con decisiones tomadas en gestiones anteriores. En tono irónico, cuestionó el pasado reciente y remarcó el cambio de alineamiento internacional impulsado por la actual administración.

“La Argentina dejó atrás acuerdos que nos aislaban del mundo y avanzó hacia convenios con las principales potencias globales”, deslizó Adorni, en una referencia directa al kirchnerismo.

Más allá del impacto político del anuncio, el funcionario fue claro al señalar que el acuerdo aún debe atravesar el trámite institucional correspondiente. En ese sentido, remarcó que la definición final estará en manos del Congreso.

El Ejecutivo puso el foco en el Parlamento y advirtió que la aprobación del convenio será una prueba clave para medir el compromiso de los bloques con una estrategia de apertura económica.

En la misma línea, el canciller Pablo Quirno defendió la planificación previa del Gobierno frente a los cambios en el escenario global. Durante una conferencia de prensa, aseguró que la Argentina actuó con previsión y objetivos claros, sin improvisaciones ni especulación política.

“El país llegó a este acuerdo con una hoja de ruta definida y con una estrategia diseñada con anticipación”, sostuvo el jefe de la diplomacia argentina.

Desde el oficialismo interpretan el entendimiento con Estados Unidos como una oportunidad para reposicionar a la Argentina en el comercio internacional y abrir una nueva etapa en las relaciones exteriores. Ahora, el debate se traslada al Congreso, donde el acuerdo comenzará a jugar su partido más decisivo.