Penas limitadas, protección de la identidad y un nuevo régimen penal juvenil en debate en Diputados.
El oficialismo buscará llevar al recinto de la Cámara de Diputados, el próximo 12 de febrero, el proyecto de Ley Penal Juvenil, una iniciativa que propone modificar el sistema actual y reducir la edad de imputabilidad. Desde el Gobierno confían en alcanzar la media sanción.
La hoja de ruta legislativa comenzará el martes 10, con la conformación formal de las comisiones, y continuará el miércoles 11, cuando se firme el dictamen en un plenario clave que habilitará el debate en el recinto.
UN CAMBIO DE PARADIGMA EN EL SISTEMA PENAL
El proyecto plantea derogar la Ley 22.278, vigente desde hace más de cuatro décadas, y establecer un nuevo régimen para adolescentes de 14 a 18 años, bajando el umbral actual que fija la imputabilidad a partir de los 16.
El oficialismo sostiene que la normativa vigente quedó “desfasada” frente a las nuevas modalidades del delito y la participación de menores en hechos de gravedad.
Aunque el Ejecutivo impulsa que la edad descienda a 13 años, esa alternativa no reúne consenso entre los bloques aliados, que por ahora respaldan el piso de 14 años, tal como se acordó en el dictamen de mayoría del año pasado.
PENAS LIMITADAS Y PRIORIDAD EN LA REINSERCIÓN
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la reinserción social del adolescente imputado, entendida como un proceso orientado a la educación, la resocialización y la integración comunitaria.
El texto establece que los menores deberán ser tratados con respeto y consideración durante todo el proceso judicial, con especial cuidado en la protección de su identidad y fuertes restricciones a la exposición pública.
La privación de la libertad quedará reservada únicamente para casos con riesgos procesales debidamente justificados.
SANCIONES ALTERNATIVAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
El proyecto prioriza las penas no privativas de la libertad. Para condenas de hasta 10 años, se habilita la posibilidad de aplicar sanciones alternativas como amonestaciones, reglas de conducta o servicios a la comunidad, siempre con aval del fiscal y considerando la opinión de la víctima.
Según el artículo 12, inciso f), estas tareas deberán realizarse en entidades públicas o privadas sin fines de lucro, vinculadas a actividades de interés social.
CÁRCELES ESPECÍFICAS Y CONTROL ESTRICTO
En los casos más graves, se contemplan penas de prisión domiciliaria o internación en institutos especializados, con un máximo de 15 años.
El régimen exige una separación estricta de los adultos, orientación educativa obligatoria y la presencia de personal capacitado para abordar problemáticas de salud mental, consumo problemático y contextos de violencia familiar.
Además, se prevé la figura de un supervisor especializado, encargado de elaborar informes mensuales sobre la evolución del adolescente.
MEDIACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO
La iniciativa incorpora herramientas como la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba, especialmente para delitos menores, con énfasis en la reparación del daño causado a la víctima.
UN DEBATE QUE DIVIDE AL CONGRESO
El plenario de comisiones estará encabezado por Legislación Penal, presidida por la diputada Laura Rodríguez Machado, e incluirá a Presupuesto, Justicia y Familias, Niñez y Juventudes.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva afirmó que “la Argentina está rezagada” en la discusión sobre imputabilidad, mientras que el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona cuestionó la ley actual por considerarla “injusta tanto para la víctima como para el menor”.
El oficialismo argumenta que el nuevo régimen permitirá una respuesta más adecuada frente a delitos complejos y organizaciones criminales que involucran a adolescentes.
ANTECEDENTES Y POSICIONES ENFRENTADAS
En 2025, el proyecto logró un dictamen de mayoría con el respaldo de LLA, PRO, UCR, Coalición Cívica, partidos provinciales y otros bloques aliados, aunque perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo.
Unión por la Patria sostuvo que la edad debe mantenerse en 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó cualquier modificación al sistema vigente.
Con el debate reabierto, el Gobierno apuesta a revalidar los acuerdos alcanzados y avanzar con una de las reformas penales más sensibles de los últimos años.
