Su esposa y uno de sus hijos también fueron condenados en la megacausa por coimas y lavado de activos que sacudió Mendoza.
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza impuso 18 años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa superior a 540 millones de pesos a Walter Ricardo Bento, tras declararlo culpable de encabezar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas dentro del Poder Judicial. La sentencia también alcanzó a su esposa y a uno de sus hijos, quienes recibieron condenas por delitos vinculados a lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Una de las causas más resonantes de corrupción judicial en Mendoza llega a su capítulo final con penas ejemplares.
Un entramado criminal que operó por más de una década
Bento, de 63 años, fue hallado responsable de asociación ilícita en calidad de jefe, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas, entre otros delitos. Según la acusación, el exmagistrado lideraba un esquema estructurado para cobrar sobornos a cambio de beneficios procesales, desde libertades anticipadas hasta recalificaciones legales y sobreseimientos.
El tribunal determinó que Bento definía estrategias, autorizaba pagos y dirigía toda la maniobra, contando con abogados, intermediarios y contactos policiales.
La fiscalía estimó que las coimas movilizaron al menos 1,7 millones de dólares, además de bienes muebles e inmuebles, ocultados mediante un entramado familiar complejo y operaciones inmobiliarias de alto valor.
Familiares involucrados en la red
La esposa del exjuez, Marta Boiza, fue condenada a 6 años de prisión por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Uno de los hijos, Nahuel Agustín Bento Boiza, recibió 5 años por lavado de activos agravado en calidad de miembro de la banda.
El fallo pone de relieve cómo la corrupción se extendió al círculo familiar, consolidando un entramado destinado a ocultar y legitimar fondos ilícitos.
Un juicio histórico con amplia cobertura probatoria
El juicio oral se desarrolló ante las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Beatriz Rattá Rivas, comenzando en julio de 2023 y prolongándose por más de 130 audiencias. Durante el proceso declararon cerca de 300 testigos y se analizaron volúmenes de pruebas documentales y digitales.
La investigación reflejó la permanencia y estabilidad de la organización criminal, operando principalmente en causas complejas de narcotráfico y contrabando desde el juzgado a cargo de Bento.
Últimas palabras y postura de los condenados
En la audiencia de cesura, Bento y su hijo Nahuel se dirigieron al tribunal para expresar su versión. El hijo afirmó: “Este proceso ha arruinado mi vida; permítanme rehacerla”. Por su parte, Bento sostuvo: “Confío en la justicia y voy a seguir luchando, no voy a bajar los brazos”, manteniendo su narrativa de víctima, pese a la contundencia de las pruebas.
Impacto y consecuencias
La condena marca un precedente en Mendoza y resalta la gravedad de la corrupción judicial cuando alcanza los niveles más altos de un juzgado federal. La sentencia también confirma que la impunidad no puede proteger estructuras delictivas dentro del Poder Judicial, y refuerza la importancia de la fiscalización y control institucional.
El veredicto final pone fin a una etapa clave de la megacausa y servirá como ejemplo de transparencia y rendición de cuentas en la justicia mendocina.
Los fundamentos completos de la condena se conocerán en una resolución posterior, cerrando oficialmente la etapa de determinación de penas tras el histórico juicio.
