El fiscal Carlos Cearras apeló la decisión judicial y pidió que el expediente continúe bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky.
El escándalo judicial que sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. El fiscal general de la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras, apeló la resolución que trasladó la causa por la compra de una mansión de lujo en Pilar al Juzgado Federal de Campana y reclamó que el expediente regrese al fuero Penal Económico, donde intervenía el juez Marcelo Aguinsky.
La investigación apunta a una presunta maniobra de lavado de dinero a través de testaferros vinculados a Pablo Toviggino, uno de los dirigentes más poderosos del fútbol argentino.
EL FISCAL APELÓ Y CUESTIONÓ EL CAMBIO DE JUZGADO
Cearras sostuvo que la causa no debió salir del fuero Penal Económico, al remarcar que en este tipo de investigaciones no puede tomarse como único criterio la ubicación geográfica del inmueble.
Según el fiscal, en los delitos complejos como el lavado de activos deben analizarse elementos amplios del entramado financiero y administrativo, y no limitar la competencia judicial al domicilio del bien bajo sospecha.
CRÍTICAS A LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FEDERAL
El fiscal también cuestionó que haya sido la Cámara Federal de San Martín la que resolvió el conflicto de competencia, al considerar que esa definición correspondía a la Cámara en lo Penal Económico.
Esta postura coincide con la de los fiscales Sebastián Bringas y Claudio Navas Rial, quienes intervinieron previamente en la causa y coincidieron en que el expediente debía seguir en el juzgado de Aguinsky.
Ahora, la Cámara deberá definir si acepta la apelación y eleva el caso a Casación, donde podría resolverse de manera definitiva el conflicto de competencia.
CÓMO SE ORIGINÓ LA DISPUTA JUDICIAL
El conflicto comenzó cuando el juez Adrián González Charvay reclamó el expediente tras aceptar un planteo de Luciano Pantano, quien figura como titular formal de los bienes junto a su madre, Ana Lucía Conte, a través de la sociedad Real Central SRL.
Ambos están señalados en la causa como presuntos testaferros de Pablo Toviggino. El magistrado pidió que Aguinsky se inhibiera, invocando la “garantía del juez natural” prevista en el artículo 18 de la Constitución, al señalar que las propiedades investigadas se encuentran en el partido bonaerense de Pilar.
LA POSTURA DE AGUINSKY: EL FOCO ESTÁ EN LA AFA
Pese a ese planteo, Aguinsky rechazó apartarse. Sostuvo que el delito precedente investigado sería una administración fraudulenta, con la AFA como presunta damnificada.
Como dato central, señaló que el propietario formal de la mansión y de varios vehículos pagó gastos con una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta corporativa de la AFA, cuyo domicilio figura en Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires.
“El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino la Asociación del Fútbol Argentino”, remarcó el juez, al destacar que la sede de la AFA se encuentra a pocas cuadras de su juzgado.
LA DECISIÓN QUE REAVIVÓ LA POLÉMICA
Finalmente, la Cámara Federal de San Martín, con la firma del juez Alberto Lugones, resolvió que la causa dejara el fuero Penal Económico porteño y pasara al Juzgado Federal de Campana, una decisión que ahora quedó nuevamente bajo revisión tras la apelación fiscal.
QUÉ INVESTIGA LA CAUSA
Pantano y Conte figuran como propietarios de la mansión a través de Real Central SRL. Los documentos judiciales indican que el inmueble fue adquirido en mayo de 2024 por un monto declarado de 1.800.000 dólares.
Sin embargo, una pericia oficial valuó la propiedad en cerca de 17 millones de dólares, lo que despertó fuertes sospechas sobre la capacidad económica real de los compradores y reforzó la hipótesis de que Toviggino sería el verdadero beneficiario de la operación.
Los registros muestran además que Luciano Nicolás Pantano figura como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 del barrio Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021.
La causa sigue abierta y la disputa judicial continúa, mientras se define qué tribunal quedará al frente de una investigación que impacta de lleno en la cúpula del fútbol argentino.
