El oficialismo anticipa un tratamiento extenso y sin definiciones inmediatas en el Congreso.
El Gobierno nacional se prepara para reactivar uno de los debates más sensibles de la agenda política: la reforma del Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad. La iniciativa será incorporada en los próximos días al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas entre el 2 y el 27 de febrero, aunque desde el oficialismo ya advierten que no habrá una resolución rápida.
En la Cámara de Diputados se espera la convocatoria a un nuevo plenario de comisiones, mientras que en el Senado anticipan que el tema no será tratado de manera exprés. La complejidad política, jurídica y social del proyecto abre el camino a una discusión prolongada.
“No es un debate para apurar. La expectativa es que no se convierta en ley durante las extraordinarias”, señalaron fuentes oficiales del oficialismo a CM24HORAS.
Un proyecto que vuelve a foja cero
El debate podría retomarse a partir de una iniciativa enviada por el presidente Javier Milei en 2024, que ya había logrado dictamen de mayoría tras un extenso trabajo parlamentario. Aquel texto proponía reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, luego de ocho meses de discusiones y la unificación de doce proyectos distintos.
Sin embargo, el cierre del período legislativo y la renovación de autoridades hicieron que ese dictamen perdiera estado parlamentario. Aunque el contenido sigue vigente, el Poder Ejecutivo no descarta retirar el proyecto y presentar una nueva versión, incluso más restrictiva.
El texto original del Gobierno planteaba la imputabilidad desde los 13 años, una propuesta que generó fuertes resistencias en sectores políticos y sociales.
Comisiones y nueva estrategia legislativa
La diputada Laura Rodríguez Machado, hoy integrante de La Libertad Avanza, explicó que antes de avanzar será necesario reconstituir las comisiones clave. Justicia y Familia y Minoridad deberán integrarse nuevamente para luego convocar al plenario junto a Legislación Penal y Presupuesto.
El proceso legislativo ya tuvo un recorrido intenso: diez reuniones, más de treinta especialistas convocados y debates técnicos sobre sanciones, garantías y mecanismos de resocialización.
Sanciones, resocialización y límites
Además de la prisión, el proyecto contempla medidas alternativas como amonestaciones, restricciones de contacto, monitoreo electrónico y tareas comunitarias. Estas sanciones se aplicarían bajo condiciones estrictas: penas menores a seis años, ausencia de antecedentes firmes y sin resultado de muerte, siempre con evaluación de una junta interdisciplinaria.
El eje del debate no solo es la edad, sino el modelo de abordaje del delito juvenil, remarcan desde distintos bloques.
Posturas críticas y advertencias
Entre los proyectos consensuados figura el impulsado por la exdiputada Marcela Campagnoli, quien insistió en la necesidad de una reforma integral.
“La baja de la edad de imputabilidad por sí sola no soluciona nada. Sin un sistema de resocialización real, solo habrá delincuentes más jóvenes”, advirtió.
Campagnoli también cuestionó el actual sistema tutelar vigente para menores de 16 a 18 años, al que definió como discrecional y carente de garantías procesales básicas. Para la exlegisladora, la respuesta penal no puede ser la primera herramienta del Estado frente a la conflictividad juvenil.
El tema vuelve a la agenda política
En los últimos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a instalar el debate en la escena pública y anticipó que el oficialismo avanzará en 2026 con la reforma del Código Penal.
“No hay medias tintas: el que las hace las paga”, expresó en redes sociales.
El planteo se da en un contexto atravesado por hechos de alto impacto social, como los crímenes cometidos por menores en Santa Fe y La Plata en los últimos años, que reavivaron la discusión sobre los límites del sistema penal juvenil.
Mientras tanto, el Congreso se encamina a un debate largo, complejo y cargado de tensiones, donde no solo se discute una edad, sino el rol del Estado frente a la delincuencia juvenil y la posibilidad real de reinserción social.
