Autoridades del Ministerio Público de la Defensa y legisladores analizaron los desafíos institucionales.
El nuevo marco normativo para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal abrió una discusión sobre las capacidades que deberá desarrollar el sistema de Defensa Pública para afrontar su implementación.
Durante una reunión con legisladores, el defensor general Langevin planteó la necesidad de adecuar la estructura del organismo y fortalecer las herramientas destinadas a garantizar la protección de derechos.
LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN FUE SEÑALADA COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS INSTITUCIONALES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS.
INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO
Uno de los puntos centrales del encuentro estuvo relacionado con las condiciones materiales necesarias para poner en funcionamiento el nuevo esquema.
Langevin advirtió sobre los interrogantes que existen en torno a la capacidad de alojamiento y la infraestructura disponible para atender a la población alcanzada por la nueva legislación.
En ese sentido, destacó que buena parte de las respuestas deberán construirse en las jurisdicciones locales y reclamó mayor articulación entre el Estado nacional y los gobiernos provinciales.
El defensor general reivindicó además el papel que cumple el organismo en los procesos que involucran a menores de edad.
La protección del interés superior de niños, niñas y adolescentes fue presentada como uno de los ejes centrales de la actuación de la Defensa Pública.
Langevin consideró que la nueva legislación representa una respuesta estatal con parámetros modernos y sostuvo que su entrada en vigencia debe ser acompañada por las herramientas institucionales necesarias para garantizar su aplicación efectiva.
CAPACITACIÓN COMO UNA PIEZA CLAVE
Otro de los aspectos abordados fue la preparación de los equipos que deberán intervenir en el nuevo escenario.
El titular del Ministerio Público de la Defensa detalló una serie de capacitaciones y cursos de especialización destinados a fortalecer las capacidades profesionales del organismo.
Según explicó, la estrategia contempla una formación continua y especializada para acompañar los cambios que plantea la nueva normativa.
LA FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS APARECE COMO UNA DE LAS CLAVES PARA GARANTIZAR UNA DEFENSA ADECUADA FRENTE AL NUEVO RÉGIMEN.
UNA RED DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Durante la reunión también se presentaron proyectos destinados a ampliar los mecanismos de acceso a la Defensa Pública.
Entre las iniciativas mencionadas aparece la creación de una oficina destinada a recibir presentaciones de niños, niñas y adolescentes y derivarlas a las defensorías locales correspondientes.
El objetivo es avanzar hacia una red de protección que facilite el acceso a los organismos encargados de garantizar sus derechos.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y JUSTICIA
La incorporación de nuevas tecnologías también formó parte de la agenda.
Langevin anticipó la intención de impulsar un programa de tecnología aplicada a la Defensa Pública, con especial atención en los desafíos que plantea el desarrollo de la Inteligencia Artificial dentro de la administración de justicia.
La propuesta apunta a analizar las oportunidades y los desafíos que las nuevas herramientas tecnológicas generan para el funcionamiento del sistema judicial.
UNA AGENDA DE TRABAJO HACIA LOS PRÓXIMOS AÑOS
El encuentro permitió intercambiar información entre legisladores y autoridades del Ministerio Público de la Defensa sobre la situación institucional del organismo y las políticas previstas para el año.
La aplicación del nuevo régimen penal juvenil, la infraestructura, la capacitación, la protección de derechos y la innovación tecnológica quedaron así entre los principales desafíos planteados para fortalecer la Defensa Pública.
La discusión continuará con el desafío de traducir estos planteos en herramientas concretas y mecanismos de coordinación que permitan acompañar la implementación de la nueva normativa en todo el país.
