Un planteo constitucional que suma tensión al debate legislativo.

En un nuevo capítulo de la disputa parlamentaria por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, legisladores de bloques opositores advirtieron que el proyecto no debería haber ingresado por el Senado, sino por la Cámara de Diputados, debido a que incorpora modificaciones en materia tributaria.

La objeción se centra en un punto clave: según el artículo 52 de la Constitución Nacional, cualquier iniciativa vinculada a impuestos debe tener origen exclusivo en Diputados. Este elemento, planteado como una irregularidad por parte de la oposición, abrió un nuevo frente de discusión institucional.

Un reclamo formal que marca el tono del desacuerdo

El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, envió una nota formal a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitando que el proyecto de Modernización Laboral sea retirado del Senado. Desde sus redes sociales, lanzó una crítica directa: “Mal arranque: la reforma laboral debe ir a Diputados”, acusando además a Patricia Bullrich de impulsar el trámite en la Cámara alta para capitalizar políticamente su eventual aprobación.

Paulón subrayó que el texto incluye reformas en cargas, contribuciones y cambios en IVA y Ganancias, argumentos con los que sostiene la obligación constitucional de iniciar el trámite legislativo en Diputados.

El Senado también levanta la voz

La senadora Carolina Moisés, de Convicción Federal, se sumó al reclamo y advirtió que el proyecto incluye derogaciones y alteraciones impositivas, lo que hace “inviable” su ingreso al Senado. Calificó el procedimiento como una violación constitucional, y aseguró que insistir en este camino “abre la vía judicial y vulnera el sistema bicameral”.

“Si el trámite nace torcido, la ley nace muerta”, lanzó Moisés, en una de las frases más contundentes de la jornada.