El Gobierno define cambios clave en Justicia y prepara recortes en la planta estatal.

Tras inaugurar el período de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei impulsa una reforma del Estado que marcará su gestión en 2026. En paralelo, se avanzan negociaciones internas para definir cambios en el gabinete, con especial atención en el Ministerio de Justicia.

Montenegro, el posible reemplazante de Cúneo Libarona

Según fuentes oficiales, Guillermo Montenegro sería quien suceda a Mariano Cúneo Libarona al frente de la cartera de Justicia. Sin embargo, la permanencia del viceministro Sebastián Amerio sigue siendo motivo de disputa entre las facciones internas del oficialismo.

Desde la Casa Rosada plantean que Amerio podría mantener su cargo mientras se trata su pliego en el Congreso, aunque sectores cercanos a la secretaria general, Karina Milei, insisten en la designación de un nuevo segundo al mando. En contraste, el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo respalda al viceministro, argumentando que lidera la reforma penal y judicial que el Gobierno busca implementar.

Reducción del Estado y reconfiguración de la estructura pública

El Ejecutivo también trabaja en recortes en la planta estatal para poder avanzar con la reforma tributaria, garantizando que la disminución de ingresos no genere déficit. El plan contempla reducir gastos con fechas y objetivos claros y prioriza la baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que quedó fuera de la reforma laboral aprobada en febrero.

Además, se reorganizará la carrera administrativa, la planta permanente y los procesos internos del sector público. La privatización de empresas estatales se acelerará a partir de marzo, aunque los fondos recién estarán disponibles a largo plazo.

Otras reformas y cambios legislativos

En paralelo, Balcarce 50 dará impulso a modificaciones en los códigos Aduanero, Penal y Civil y Comercial, junto con ajustes políticos como la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de partidos y la implementación de la nueva Ley de Seguridad Nacional, que redefine atribuciones de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

El Gobierno confía en el respaldo de los aliados que se alinearon durante febrero y prevé que estos proyectos marquen la agenda estructural del oficialismo para 2026.