Fija la edad de imputabilidad en 14 años y establece sanciones graduales con enfoque socioeducativo.

El proyecto fija la edad de imputabilidad en 14 años y propone un esquema de respuestas progresivas, con enfoque socioeducativo y límites a la privación de la libertad.

Avanza en el tratamiento del proyecto de Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que establece la edad de imputabilidad a partir de los 14 años y busca reemplazar el sistema vigente por un modelo de sanciones diferenciadas y graduales para adolescentes en conflicto con la ley penal.

La propuesta introduce un cambio de paradigma al dejar atrás las respuestas uniformes y promover un abanico de medidas ajustadas a la gravedad del delito, la edad y el contexto personal de cada joven, priorizando alternativas a la privación de la libertad en los casos de menor lesividad.

“El objetivo es aplicar responsabilidad penal sin recurrir automáticamente al encierro, apostando a la reinserción y a procesos socioeducativos”, señalan fundamentos del proyecto.

El texto establece que la detención será una instancia excepcional, reservada para hechos graves y como último recurso, mientras que para otros casos se contemplan programas socioeducativos, reglas de conducta, tareas comunitarias y dispositivos de acompañamiento.

Además, el régimen fija límites temporales a las sanciones y prevé revisiones judiciales periódicas, con el fin de evaluar la evolución del adolescente y evitar penas indefinidas.

La iniciativa también contempla la creación de establecimientos específicos para jóvenes, separados del sistema penitenciario de adultos, con equipos interdisciplinarios orientados a la resocialización.

Con este esquema, el Congreso busca reemplazar una normativa heredada de la última dictadura por un marco legal moderno, que combine responsabilidad penal, garantías legales y políticas de inclusión, estableciendo criterios claros para la intervención del Estado frente al delito juvenil desde los 14 años.