El anuncio fue realizado por el diputado oficialista Jorge Arreaza, quien supervisa la aplicación de la norma.
CARACAS.– La Justicia venezolana dispuso la liberación de 379 presos políticos como parte de la implementación de la reciente ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. La medida fue confirmada por el diputado oficialista Jorge Arreaza, encargado de monitorear el proceso.
Según detalló el legislador, el Ministerio Público ya remitió las solicitudes a los tribunales competentes y las excarcelaciones debían concretarse entre la noche del viernes y la mañana del sábado.
Un gesto que el Gobierno presenta como apertura
Desde el oficialismo, la nueva normativa fue defendida como un paso hacia la reconciliación política y la convivencia democrática en el país. La ley contempla beneficios para personas procesadas por hechos vinculados a conflictos políticos ocurridos en las últimas décadas.
El Ejecutivo sostiene que la medida busca inaugurar una etapa de mayor estabilidad institucional, en medio de la transición política que atraviesa Venezuela.
Dudas sobre el alcance real
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores opositores expresaron cautela frente al anuncio.
Especialistas advierten que la ley incluye exclusiones importantes, entre ellas casos vinculados a delitos graves como homicidio, narcotráfico o acciones armadas, lo que podría dejar fuera a numerosos detenidos.
Además, el proceso no sería automático para todos los beneficiarios, ya que cada caso debe tramitarse ante la Justicia, un punto que ha generado cuestionamientos.
Familiares, entre la expectativa y la incertidumbre
Mientras avanzan las primeras liberaciones, familiares de detenidos permanecen atentos a las afueras de centros penitenciarios a la espera de novedades.
Organizaciones como Foro Penal sostienen que aún quedarían cientos de presos políticos en el país, por lo que el impacto final de la amnistía dependerá de cómo se aplique en las próximas semanas.
El debate continúa abierto: para el Gobierno se trata de un paso hacia la normalización política, mientras que críticos advierten que la medida podría resultar insuficiente si no se amplía su alcance.
