Liberaciones graduales en medio de la transición política y la presión internacional.

Las autoridades de Venezuela anunciaron este jueves el inicio de la liberación de presos políticos, incluidas personas con ciudadanía extranjera o doble nacionalidad, en medio de un contexto de tensiones políticas y presión internacional por la situación carcelaria en el país caribeño.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que los procesos de excarcelación comenzaron “desde este mismo momento” y describió la medida como un acto unilateral del Gobierno para “afianzar la convivencia pacífica y la estabilidad nacional”.

Rodríguez calificó la decisión como una contribución a la paz y a la coexistencia pacífica entre los ciudadanos, sin precisar cuántas personas concretamente serán liberadas.

EXTRANJEROS Y DOBLE NACIONALIDAD ENTRE LOS BENEFICIADOS

Organizaciones de derechos humanos como Foro Penal estiman que en Venezuela hay alrededor de 863 personas encarceladas por razones políticas, de las cuales al menos 86 son extranjeros o tienen doble ciudadanía.

Este dato resalta la dimensión internacional del proceso de excarcelaciones, que no solo involucra a ciudadanos venezolanos, sino también a individuos que podrían viajar a sus países de origen tras salir de prisión si sus casos lo permiten.

La presencia de detenidos extranjeros y biculturales ha generado seguimiento diplomático en diversas capitales, que esperan con interés el desarrollo de las liberaciones.

CONTEXTO DE TENSIÓN REGIONAL

La decisión de liberar presos políticos se produce en un momento de profunda tensión en Venezuela, poco después de que una operación internacional terminara con la captura del expresidente Nicolás Maduro en Caracas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que estas excarcelaciones no queden en un gesto simbólico, sino que pavimenten un camino hacia un trato más justo y transparente para quienes han sido detenidos por motivos políticos.

Grupos como Foro Penal y otras ONG han pedido que la liberación sea amplia, efectiva y sin condiciones que limiten los derechos fundamentales de los liberados.

Este paso marcó un cambio de rumbo en el manejo de la política penitenciaria en Venezuela, en un momento en que el país enfrenta un escrutinio internacional sobre la situación de los derechos humanos y la estabilidad política.